Las controvertidas relaciones entre Italia y Libia, con un acuerdo que se mantiene desde 2017 por el que la UE financia al país africano para que ataje las salidas por mar de migrantes irregulares, han vuelto a cobrar protagonismo por dos polémicos episodios. El más grave es la última novedad de la investigación del escándalo del general libio Osama Almasri, reclamado por crímenes de guerra y que el Gobierno de Roma arrestó y dejó escapar el pasado mes de enero, por confusos defectos de forma, aunque había una orden contra él del Tribunal Penal Internacional (TPI). Nuevos documentos de la investigación abierta revelan que el ministro de Justicia, Carlo Nordio, mintió en sus explicaciones en el Parlamento, según la prensa italiana.
En realidad, su gabinete supo del arresto un día antes de lo que admitió, pero el Gobierno italiano se movió para desoír al TPI y facilitar la huida del detenido. Toda la oposición, que acusó en su día al Ejecutivo de ceder al chantaje de las exigencias libias a cambio de hacerle el trabajo sucio en el Mediterráneo, ha pedido la dimisión de Nordio.
En cambio, el segundo incidente denota un repentino malestar en Libia con Europa, y ha hecho saltar alarmas. Se trata de la inédita expulsión este martes de Bengasi, capital de uno de los tres territorios en los que está dividida Libia en este momento, de una delegación de la UE, en la que estaban los ministros de Interior de Italia, Grecia y Malta. Llegaban, precisamente, para hablar de cómo controlar la inmigración, preocupados por el auge de desembarcos, pero el incidente denota problemas de fondo y hace temer un auge de las llegadas en las próximas semanas.
