Cuando Luiz Inácio Lula da Silva, de 79 años, ganó las elecciones en Brasil por la mínima, a finales de 2022, ya avisó de que lo realmente difícil empezaba entonces. El veterano izquierdista nunca había gobernado en condiciones tan adversas. Lidera una coalición de gobierno bien voluble y los suyos están en minoría en el Congreso. En ese contexto, el presidente Lula sufrió este miércoles por la noche un humillante motín parlamentario al que se sumaron varios de los partidos con ministros en su Gabinete. Ambas Cámaras se coordinaron para anular, por primera vez desde 1992, un decreto presidencial, uno que aumentaba el impuesto a las transacciones financieras. El Partido de los Trabajadores de Lula ha advertido de que, sin esos ingresos, tendrá que recortar programas sociales.
Con el Gobierno de Brasil inmerso en una crisis fiscal y de popularidad, el Congreso eligió cuidadosamente el momento de enviar un contundente recado Lula. Tras más de un mes de debate político sobre el decreto presidencial que incrementaba el Impuesto sobre Operaciones Financieras para aumentar la recaudación e intentar cuadrar las cuentas públicas, la Cámara de Diputados convocó súbitamente una votación del decreto cuando la actividad estaba a medio gas por las fiestas de san Juan. Sus señorías, que pudieron votar en la distancia, rechazaron por abrumadora mayoría el aumento impositivo. Para mayor escarnio, dos tercios de los noes vinieron de partidos cuya fidelidad Lula ha intentado garantizarse con ministerios. Visto lo visto, el intento ha fracasado.
