Unas 9.650 viviendas sobre planos en la Comunidad de Madrid han sido paralizadas en los tribunales por motivos ecológicos, a pesar de que los Ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Alcobendas ya habían dado luz verde a los proyectos urbanísticos. Ecologistas en Acción y asociaciones vecinales quieren replicar este escenario en municipios como San Sebastián de los Reyes, Alcorcón o Cercedilla, que suman más de 7.000 viviendas impugnadas. El Gobierno regional, que aprobó el verano pasado una flexibilización de la ley del suelo, impulsa una Aceleradora Urbanística que despierta preocupación entre los ambientalistas.
El último revés judicial para un proyecto urbanístico se ha dado a inicios de este mes en Alcobendas con una sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ha dejado en el aire la construcción de 8.600 viviendas de la urbanización Valgrande —a la que los vecinos críticos del proyecto, agrupados en la plataforma Salvemos Los Carriles, prefieren llamarle Malgrande—.
El TS ha determinado, tal como lo hizo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en 2022, la nulidad de la evaluación medioambiental del proyecto, que no considera los efectos la creación de una montaña artificial de 1.300 metros de longitud y hasta 22 metros de altura. “Es una aberración absoluta”, ha señalado Ainara Elorza, portavoz de ecologistas del municipio, quien teme por “el destroce que va a suponer la obra para el trasiego de fauna desde el monte de Valdelatas”.
