El Gobierno vive estos días expectante a la espera de conocer hasta dónde llegará la onda expansiva de los informes que prepara la Unidad Central Operativa (UCO) sobre la trama de corrupción que presuntamente formaban José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. En La Moncloa defiende que esta crisis resta relevancia al resto de temas que el Ejecutivo gestiona como la reacción de Donald Trump al acuerdo de Pedro Sánchez de no alcanzar el 5% de gasto en defensa que el presidente de EE UU exige a los demás miembros de la OTAN. La crisis por los casos de corrupción es tan profunda que el controvertido auto en el que juez Juan Carlos Peinado pide al Supremo la imputación del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por malversación y falso testimonio se ha recibido con la “máxima tranquilidad”. “Conocemos perfectamente esta instrucción y lo de hoy es un capítulo más en el cual, por parte del Gobierno de España y del ministro de Justicia, máxima tranquilidad”, ha sido la reacción del Ejecutivo a través de su portavoz, Pilar Alegría.
El último movimiento del juez Peinado se ha recibido en el Gobierno casi como un balón de oxígeno. La causa ha sido cuestionada en público y en privado desde hace meses, a diferencia de la practicada por el juez Leopoldo Puente en el proceso abierto a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE. En la cúpula del Gobierno recalcan que el auto está lleno de errores e imprecisiones y creen que el Tribunal Supremo no alargará “sin motivos” una causa que, en esta ocasión, afecta a uno de los pesos pesados del Ejecutivo. “La confianza en el Supremo es alta, confiamos en su profesionalidad”, zanjan en el Gobierno.
