Hace casi tres décadas y media, toda una vida, pero parece ayer. Josep Borrell (entonces José), llegaba como titular al Ministerio de Obras Públicas. En su despacho de ministro reunió a los presidentes de las principales empresas de la construcción. Nombres tan míticos en el ghotta empresarial español como Rafael del Pino (padre), de Ferrovial; Luis Ducasse (Agromán), Eduardo Serra (Cubiertas y MZOV), Antonio Durán (Dragados y Construcciones), José María Entrecanales padre), de Entrecanales y Távora… Entonces soltó la bomba: les exhortó “en nombre del presidente [Felipe González] y en el mío propio” a no pagar comisiones a ningún intermediario ni partido político para obtener concesiones de obras.
Esas empresas pronto empezarían su proceso de concentración hasta constituir lo más parecido a un oligopolio. Borrell trataba de poner final a cualquier irregularidad en la adjudicación de obras. Las crónicas de la época decían que entonces se admitía como una práctica “corriente” el pago de comisiones que oscilaban entre el 2% y el 4% del valor de los trabajos. Esta corruptela estaba extendida en todos los niveles de la Administración: estatal, autonómica y local.
Tres años después, siendo ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, y esta vez en un acto público, Borrell repitió el mismo mensaje, y añadió que si los empresarios recibían propuestas anómalas en nombre del PSOE se lo comunicasen a él personalmente. Dijo que en ese tiempo había conocido situaciones de corruptelas y corrupciones en quienes se presentan como servidores públicos y no son sino servidores de su propia codicia: “También el sector privado ha preferido ganancias especulativas y ocultación fiscal a la honesta dedicación a la mejora de la empresa. Es evidente que esto ha ocurrido”.
