En política, como en la vida, pesan tanto las relaciones humanas que, con el informe de la UCO a punto de circular de móvil en móvil, la primera valoración de Jordi Turull fue la de apelar a la presunción de inocencia de un Santos Cerdán embarrado hasta las cejas. Turull, preso de la perplejidad por las insinuaciones que se propagaban, actuó con el mismo patrón que Pedro Sánchez: le costaba creer que el hombre con el que había tejido una relación de confianza en decenas de reuniones ásperas fuera el protagonista de un nuevo caso de corrupción por amaños de contratos a cambio de comisiones. En la cúpula de Junts no reaccionaron del todo hasta que el presidente del Gobierno, con gesto afectado, forzó la dimisión de su mano derecha en Ferraz. La actualización del partido de Carles Puigdemont llegó en forma de comunicado, al igual que ERC. Las palabras justas, y a pensar.
El revolcón que ha supuesto para la Moncloa y el PSOE la desfiguración pública de Cerdán, una tortura en forma de audios, amenaza la supervivencia política de Sánchez y también los intereses de los socios independentistas, obligados a recalcular posiciones cuando queda por cobrar el paquete entero de contrapartidas por las dos investiduras socialistas, la de 2023 en el Congreso y la de Salvador Illa el verano pasado. Demasiado déficit como para no balancear las incomodidades por la corrupción. La amnistía no llegará antes de finales de año —es el calendario con el que trabaja el Tribunal Constitucional—; la oficialidad del catalán en Europa, objetivo prioritario para Puigdemont, se volvió a postergar este mayo; el traspaso de Rodalies no ha pasado de la primera estación; y el nuevo modelo de financiación se cuece tan a fuego lento que los de Oriol Junqueras ya formulan advertencias en público.
