El 26 de junio de 2015, el ya entonces exconcejal socialista en Huarte (Navarra) Koldo García y su amigo el empresario guipuzcoano Joseba Antxon Alonso formalizaban ante notario la creación de Noran Sociedad Cooperativa Pequeña, con sede en San Sebastián, para la “gestión y administración de la propiedad inmobiliaria”. Menos de tres meses después, el 4 de septiembre del mismo año, Alonso, que ha llegado a acumular cargos en una quincena de sociedades, constituía con el capital mínimo, 3.000 euros, una pequeña empresa, Servinabar 2000 SL, de la que era único accionista y administrador. El objeto social de la misma era más amplio que el de la cooperativa y abarcaba desde “la gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos” hasta la “lectura de contadores” y la “organización de todo tipo de eventos como congresos, ferias y exposiciones”. Años después lo cambiaría por el de “elaboración y ejecución de toda clase de proyectos de construcción y edificación”.
Hoy, una década después de su creación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a ambas sociedades como supuestas tapaderas en sus primeros pasos de la trama de corrupción en la que están presuntamente implicados tanto Koldo García como los que fueran secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y que ha hecho tambalearse en los últimos días al Gobierno de Pedro Sánchez. El informe que el instituto armado entregó el pasado 5 de junio al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa sobre la red de corrupción que anidó durante años en el Ministerio del Transportes, las vincula con el presunto amaño de, al menos, dos obras en aquellos primeros años en la Comunidad Foral de las que resultó beneficiada Acciona Construcciones y con varios flujos de dinero bajo sospecha.
