La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto el foco de parte de su investigación sobre el supuesto amaño de contratos públicos en el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos en una pequeña empresa navarra llamada Servinabar 2000 S.L. Sus agentes, con el teniente coronel Antonio Balas, máximo responsable del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, registraron este martes su sede en Pamplona en busca de documentación sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación en enero de 2024 a esta sociedad ―como parte de una Unidad Temporal de Empresas (UTE) junto a Acciona Construcciones y Excavaciones Fermín Osés ― de las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate en las que se invirtieron 76 millones de euros. En la misma jornada, los agentes también allanaron o hicieron requerimientos de información en las sedes en Vizcaya, Granada, Valencia y Madrid de otras empresas ganadoras de concursos de obra pública, así como el domicilio y un local en Valencia del exministro socialista.
La investigación del instituto armado ha revelado que el único accionista y administrador de Servinabar 2000 (creada en septiembre de 2015), el empresario vasco Joseba Antxon Alonso Egurrola, había tenido vínculos previos a la adjudicación bajo sospecha con Koldo García, exasesor del antiguo ministro socialista y considerado uno de los personajes claves de la supuesta trama de corrupción destapada cuando se investigaba la compra de mascarillas por parte de varios organismos públicos en lo peor de la pandemia. EL PAÍS ha intentado de manera reiterada ponerse en contacto telefónico con algún responsable de Servinabar o el propio Alonso Egurrola para conocer su versión, pero nadie ha respondido a las llamadas.
