El Partido Nacionalista Vasco tuvo un papel clave en la asignación del rescate de 112,8 millones para Tubos Reunidos, según las indagaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La formación que preside Aitor Esteban ha reconocido haber mantenido reuniones con el grupo Hirurok, formado por la fontanera del PSOE, Leire Díez, el socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxón Alonso, y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Pese a estos encuentros de la trama con la cúpula del PNV, los nacionalistas se han desvinculado de las actividades del grupo de Díez. No es la primera vez que las investigaciones de la Guardia Civil vinculan a la red de Santos Cerdán con el PNV. El primero en sacar a colación esta realidad fue el propio Cerdán, que en su declaración ante el Tribunal Supremo manifestó que Antxón Alonso, con el que comparte la propiedad de Servinabar, sirvió de nexo entre el PSOE y el PNV, una relación que permitió recabar el apoyo de los nacionalistas en la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. Más allá de las relaciones políticas, la vinculación del PNV y la trama Cerdán tiene signo económico. Durante los años de gobierno de Uxue Barkos en Navarra, la rama foral del PNV (Geroa Bai) regó a la empresa de Alonso y Cerdán con 17 millones de euros en contratos públicos. Fueron cinco adjudicaciones, cuatro de ellas en un plazo de un año y dos meses por un total de 16.995.129 euros. Estos contratos aparecen en los informes que la Guardia Civil ha remitido al Supremo y la Audiencia Nacional. El primero se remonta al año 2015, y coincide con el aterrizaje de Barkos en la Presidencia del Gobierno de Navarra. Se trata de la explotación de Mina Muga, ejercida por la UTE de Servinabar con Acciona. La Guardia Civil estima que por este negocio Servinabar ingresó 299.259 euros entre 2015 y 2020. TE PUEDE INTERESAR Tras la explotación de Mina Muga, el Ejecutivo de Barkos adjudicó cuatro contratos a Servinabar. El primero llegó en octubre de 2017, cuando Cerdán acababa de aterrizar en el cargo de secretario de Coordinación Territorial del PSOE tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias gracias a la implicación del clan del Peugeot (con el condenado José Luis Ábalos como una de las piezas destacadas de aquel grupo). En el Partido Socialista Navarro (PSN), Cerdán dejó paso a Ramón Alzórriz, cuya pareja, Diana Enériz, trabajó en Servinabar y llegó a cobrar 102.834 euros. En tales circunstancias, el Gobierno de Geroa Bai adjudicó a la UTE de Acciona y Servinabar 4,5 millones de euros para las obras de adecuación de las oficinas del nuevo pabellón Navarra Arena. En el momento de aquella adjudicación, el objeto social de la empresa de Alonso y Cerdán ni siquiera estaba relacionado con la construcción. Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar posan tras firmar un acuerdo de gobierno en 2019 que fue negociado por los hombres de confianza del presidente, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. (EFE) Solo siete meses después, en mayo de 2018, llegaría el segundo contrato por 2,4 millones de euros para reformar el Archivo General de Navarra. La Cámara de Comptos detectó que el precio de esta adjudicación llegó a incrementarse en un 19%, como refleja en su informe de fiscalización. Los informes de la UCO reflejan que Acciona transfirió a Servinabar 363.704 euros por las obras del pabellón y 226.450 euros por la reforma del Archivo. Un mes después, en junio de 2018, el Departamento de Educación del gobierno de Barkos adjudicó otro contrato a una sociedad de Alonso (Alegure SL) para construir el colegio público Arbizu. En total, se pagaron 3,1 millones a esta empresa del socio de Cerdán. La persona responsable de Educación cuando se realizó este contrato era María Solana, que hoy ocupa un asiento en el Consejo de Administración de RTVE a petición del PNV. Por último, en diciembre de 2018, el Gobierno de Uxúe Barkos contrató a la UTE de Servinabar y Acciona para construir 62 viviendas de protección oficial en el barrio pamplonés de Ripagaina. El contrato ascendió a 6,8 millones de euros. La Oficina Anticorrupción de Navarra ha detectado hasta 14 irregularidades en este procedimiento, llegando a concluir que la empresa pública de vivienda de la comunidad foral, Nasuvinsa, "ignoró todos los principios de la contratación pública y los más elementales principios del derecho administrativo". TE PUEDE INTERESAR Ahora la UCO destaca en su último informe que la fontanera del PSOE utilizó su "capacidad de acceso a miembros del PNV" para que la SEPI rescatara a la empresa vasca Tubos Reunidos con 112,8 millones de euros, una cantidad que no ha sido devuelta. De hecho, hace algunos meses la dirección llegó a planear un ERE que implicaba el despido de más de 200 trabajadores, aunque los sindicatos denunciaron la decisión en los tribunales y se ha anulado el proceso. La trama llegó a reunirse con el expresidente del PNV, Andoni Ortuzar, y con el exsenador Joseba Aurrekoetxea. Leire Díez, Antxón Alonso y Vicente Fernández se embolsaron una presunta comisión ilegal de 247.459 euros por estas gestiones. La presión del PNV fue clave para que la SEPI desbloqueara el rescate de Tubos Reunidos. El papel con nombramientos Otro de los hallazgos de la UCO que vinculan a la trama de Cerdán con el PNV es la lista de nombramientos sugeridos por los nacionalistas para el Gobierno de Sánchez. El 20 de junio de 2018, Cerdán hizo llegar a Koldo García, a través de un asistente técnico del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, tres documentos con nombres clave para que la trama pudiera seguir operando. Se incluían cinco nombramientos para el Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos y colocaciones en el de Medio Ambiente. Entre estos papeles se encontraba uno titulado "Peticones (sic) nombramientos PNV", e incluía la petición de mantener a Javier Cachón en Medio Ambiente como director de Evaluación Ambiental. Además, el PNV pedía "un puesto importante en Adif" y otro en "INI o SEPI". Sobre estos dos últimos puestos se señala que los nacionalistas les comunicarían los nombres "el lunes". "Vienen del PNV el lunes para decirme y explicarme", señala el escrito hallado por la Guardia Civil. Los últimos hallazgos de la UCO refuerzan los indicios que vinculan a la trama Cerdán con el PNV, un socio clave para la continuidad de Sánchez en Moncloa. El Partido Nacionalista Vasco tuvo un papel clave en la asignación del rescate de 112,8 millones para Tubos Reunidos, según las indagaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La formación que preside Aitor Esteban ha reconocido haber mantenido reuniones con el grupo Hirurok, formado por la fontanera del PSOE, Leire Díez, el socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxón Alonso, y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Pese a estos encuentros de la trama con la cúpula del PNV, los nacionalistas se han desvinculado de las actividades del grupo de Díez.