La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró el jueves la sede central de Tubos Reunidos en Amurrio y sus oficinas en Bilbao en busca de documentación sobre una operación patrimonial de la que los investigadores sospechan que pudo servir para desviar hasta 10 millones de euros a la trama que la Audiencia Nacional atribuye a Santos Cerdán. En paralelo, los agentes se personaron en la sede de la SEPI en Madrid para realizar un requerimiento de información sobre el rescate público de la compañía alavesa, inmersa desde el pasado 4 de mayo en un concurso voluntario de acreedores. La judicialización del rescate llega en el peor momento para la empresa. Tubos Reunidos, con más de 1.200 empleados, acumula una deuda neta de 263 millones de euros y cerró 2025 con pérdidas de 118,8 millones, según las cuentas auditadas por Ernst & Young. Fuentes cercanas al concurso advierten ahora de que la judicialización de la deuda con la SEPI complica todavía más un proceso ya crítico y apunta a la liquidación como única salida, poniendo en riesgo el futuro de la plantilla. El informe 89/2026 de la UCO, incorporado al sumario que instruye el juez Santiago Pedraz, sitúa el rescate de 112,8 millones concedidos por la SEPI en 2021 como una de las primeras operativas del grupo Hirurok. Según los investigadores, la red formada por Cerdán, Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso desplegó acciones para que se otorgara esa ayuda, percibiendo 114.950 euros a través de Mediaciones Martínez por una facturación que los agentes califican de aparentemente mendaz. El mismo informe recoge, según palabras de los propios investigados, que la trama recurrió a la intermediación de un miembro del PNV para desbloquear el rescate cuando este se encontraba paralizado. La UCO no identifica a ninguna persona en concreto ni atribuye responsabilidad penal al Partido Nacionalista Vasco. La causa todavía está bajo secreto de sumario. Lo que sí consta de forma pública es que el PNV ha mantenido una posición activa para intentar salvar Tubos Reunidos. El Gobierno Vasco ha sostenido un verdadero pulso con el Ejecutivo central por las condiciones del préstamo de la SEPI, planteando fórmulas para reestructurar ese pasivo y facilitar la entrada de un inversor industrial. La posibilidad de aplicar quitas sobre deuda pública abría un frente complejo, pues no existe un precedente en España y habría exigido una reforma legal de calado para la que no había ni tiempo ni voluntad política. Ese pulso adquiere una dimensión política adicional. El PNV, junto a EH Bildu, actúa como socio de investidura del Gobierno de Pedro Sánchez. Sus once diputados son pieza clave para sacar adelante leyes en el Congreso, lo que elevaba el coste político de una eventual caída de una empresa emblemática del tejido industrial de Euskadi. Reunión en Ferraz La investigación no se limita al rescate inicial. El sumario recoge una segunda operativa centrada en una reunión celebrada el 13 de noviembre de 2024 en el despacho de Cerdán en la sede del PSOE en la calle Ferraz, en la que participaron el propio Cerdán, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos: el director general, Carlos López de las Heras, y un miembro del consejo de administración, Jesús Pérez Rodríguez Urrutia. Tras ese encuentro, según el informe policial, Vicente Fernández facturó 40.000 euros a la compañía. Según fuentes financieras consultadas por El Confidencial, ese aplazamiento de 10 millones vence este mes. Este problema le tocará gestionar al futuro administrador concursal de la matriz, Tubos Reunidos S.A., que todavía no ha sido designado. El Juzgado Mercantil de Vitoria ha nombrado a PKF Attest como administradora de las sociedades industriales y comerciales del grupo, pero la cotizada —el tercer lote del concurso— está pendiente de que la CNMV elabore una terna de candidatos. La jueza ha instado a que PKF Attest figure entre las opciones, con el objetivo de que un único administrador gestione el proceso en su conjunto. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró el jueves la sede central de Tubos Reunidos en Amurrio y sus oficinas en Bilbao en busca de documentación sobre una operación patrimonial de la que los investigadores sospechan que pudo servir para desviar hasta 10 millones de euros a la trama que la Audiencia Nacional atribuye a Santos Cerdán. En paralelo, los agentes se personaron en la sede de la SEPI en Madrid para realizar un requerimiento de información sobre el rescate público de la compañía alavesa, inmersa desde el pasado 4 de mayo en un concurso voluntario de acreedores.