La empresa vasca Tubos Reunidos recibió en 2021 una inyección del Estado de 112,8 millones de euros, destinados a apoyar a la compañía durante los difíciles tiempos de la pandemia. Como otros realizados en ese momento, este rescate —en puridad, un préstamo a condiciones beneficiosas—, realizado por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dependiente de la pública SEPI, está bajo sospecha y es objeto de una investigación ante la Audiencia Nacional. En un informe del 6 de mayo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala que el grupo formado por Leire Díez, la supuesta fontanera del PSOE, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso medió para que se produjese este préstamo y, más tarde, en la gestión de su devolución. Por ello cobraron un total de 247.459 euros: 114.959 por haber logrado la concesión y otros 132.500 por las gestiones posteriores para la empresa, que cobró Fernández personalmente como asesor. Entre sus gestiones, según los uniformados, hubo “labores de ’intermediación” con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para que hiciesen presión en el Ejecutivo central, “lo cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de dicha ayuda”. También mediaron años después de la concesión, cuando la empresa pidió una reformulación de las condiciones de la devolución del préstamo. En esta ocasión, llegaron a organizar un encuentro en enero de 2025 con el presidente del partido, Andoni Ortúzar.Después de que este informe saliera a la luz —adelantado por El Confidencial—, el PNV ha querido pronunciarse este martes: fuentes del partido defienden que la defensa que hacen de la ciudadanía vasca pasa también por defender a sus empresas, “que son estratégicas, de las que dependen muchos puestos de trabajo directos e indirectos y que tienen un gran impacto en el tejido económico de sus comarcas”. Por ello, reconocen que se han “preocupado” por el pasado reciente de compañías como Tubos Reunidos, “con acciones tanto en el ámbito público como en el privado, con reuniones con miembros del Gobierno o contactos con las empresas implicadas”. “Y seguirá haciéndolo en el futuro en caso necesario”, subraya. Pero remacha: “No es responsabilidad de EAJ-PNV ni nada tiene que ver con el trabajo que desempeñan los representantes jeltzales las actividades que, en paralelo, pudieran estar realizando terceras personas”. Las gestiones señaladas por la Guardia Civil se dividen en dos fases: para conseguir el rescate y, años más tarde, para conseguir el aplazamiento de uno de los pagos de devolución. El rescateLa Guardia Civil defiende en su informe que el trío formado por Díez, Fernández y Alonso, denominado Hirurok —nosotros tres, en euskera, y como se llamaba el grupo de WhatsApp de los tres integrantes de la supuesta trama—, usó su influencia política para conseguir el rescate de la empresa vasca en 2021. Para ello, buscaron la intermediación política del PNV, que gobernaba por entonces en el País Vasco bajo la presidencia de Íñigo Urkullu. El primer mensaje a este respecto se produce en junio de 2021: Vicente Fernández le pregunta a Antxon Alonso qué relación tiene el partido nacionalista con la cotizada vasca. A lo que añade: “Te lo digo porque TUBOS REUNIDOS necesita de la SEPI para subsistir (112,8 MM €) y está difícil de conseguir sacar adelante la operación si no hay una ayuda por arriba del todo". Fernández ya no era, de aquellas, presidente de la SEPI, pero los agentes defienden que actuaba como dirigente de facto.A la vista de que el rescate estaba pedido, pero no prosperaba el expediente, el expresidente de la SEPI comentó con Leire Díez las posibles vías de actuación: una de ellas era hablar con Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco de aquellas. Otra, acudir a Antxon Alonso y a “Santos” [Cerdán, por entonces secretario de Organización del PSOE]. De llegar a este extremo, Fernández consideraba que lo que le iban a deber iba “más allá de lo imaginable”. Díez le recomendó esta última opción. “De esta conversación se infiere que, en el caso de que se produjese un bloqueo en el seno del Consejo Gestor [el órgano que decidía los rescates] y que las gestiones de TAPIA no bastasen, la vía para proceder al ‘desbloqueo’ sería acudir a SANTOS”, concluye la Guardia Civil. Un mes más tarde y tras otras gestiones, el rescate seguía en el limbo. El 6 de julio, desde la SEPI informan a Fernández de que no se va a votar aún la ayuda. El expresidente de la empresa pública, Alonso y Díez —el grupo Hirurok— se reúnen al día siguiente en Pamplona (en la sede de Servinabar, la empresa de Alonso señalada también en la trama de amaño de obra pública por la que está procesado Santos Cerdán). En el documento preparatorio de la reunión se incluía el siguiente texto sobre Tubos Reunidos: “Los 112,8 MM € comprometidos por la SEPI están en el aire. Hoy 6/Jul, pese a la promesa de la presidenta de la SEPI no se va a aprobar la operación. Posibilidad de que Anttón lo confirme ante el PNV, demostrando que cuenta con la información fidedigna. 1 Presión del PNV ante el Gobierno. ¿Compensación para Servinabar?“. Dos días después, Fernández comunica a Alonso que Belén Gualda, presidenta de la SEPI, ha sido convocada en La Moncloa y que “no descarta” que ese encuentro se deba a las gestiones del empresario vasco con “Sabin Etxea”, la sede del partido nacionalista en Bilbao. Ese mismo día, la por entonces directora de Participadas II de la SEPI, Rosario Martínez, confirma a su expresidente que el consejo votará el rescate de Tubos Reunidos el martes 13 de julio. Así se lo informó este a su vez a Francisco Irazusta, por entonces presidente de la compañía: “Francisco, esta vez sí, mi info es que vuestra operación sería aprobada el martes. Lo que hace unos días era incertidumbre, ahora parece que todo se ha allanado”.Y así fue: el día 13 de julio el expediente de Tubos Reunidos fue elevado de nuevo ante el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo, que lo aprobó. Así se lo informó Fernández al presidente de la compañía, añadiendo que “no sabía” qué influencia podrían haber tenido sus gestiones con el PNV, pero que en todo caso iba a darle las gracias a “su contacto de intermediación”. Esto es, a Antxon Alonso. En privado, en el grupo Hirukok se expresaron menos dudas sobre el carácter decisivo de las gestiones: —El Consejo [...] ha aprobado la operación de los 112 millones para Tubos Reunidos. No sé cuánto habrá influido nuestra intermediación. Pero hagamos que la gente de Sabin Etxea se entere por ti. ¿Te parece, Antxon? ―escribe Fernández ese mismo día. —Gracias, Vicente, seguro que en algo hemos influido —le responde Alonso. —Estoy seguro de ello. Hablar tú en el PNV y el martes y que el siguiente martes se apruebe no es casualidad. Lo debemos poner en valor. La devoluciónFernández fue contratado por Tubos Reunidos como asesor entre diciembre de 2021 y noviembre de 2025. O, lo que es lo mismo, unos meses después de que la SEPI que él había presidido inyectase, previa aprobación del Consejo de Ministros, la millonaria ayuda a la compañía. En 2024, dos años después del rescate, Tubos Reunidos solicitó a la SEPI una dispensa para hacer frente a un pago de devolución de 10 millones a cuenta de aquel préstamo. Entonces, la mercantil había ingresado 15 millones por la venta de una nave y de la acería del Valle de Trapaga (Bizkaia). Las condiciones del rescate establecían la necesidad de destinar esos fondos a amortizar la deuda, pero la empresa solicitó postergar el pago de 10 millones con el objetivo de dedicar ese dinero a una operación de saneamiento financiero.Entonces, la empresa solicitó al despacho de abogados Cuatrecasas un informe sobre las incompatibilidades posibles de que Fernández la asesorase en cuestiones como estas relacionadas con el rescate. La conclusión fue que este no se veía incurso en ninguna causa de incompatibilidad o de conflicto de intereses.En ese momento también se produjeron gestiones con el PNV, como la reunión mencionada con Ortuzar. El encuentro lo organizó, según la UCO, el expresidente de la SEPI. A ella acudieron él mismo, el consejero de Tubos Reunidos Carlos López de las Heras y, por parte del PNV, Ortuzar y Joseba Aurrekoetxea. Apenas dos meses antes, siempre según la Guardia Civil, la empresa, bajo indicación de Leire Díez —“y aparentemente” de Santos Cerdán, con quien “habían llegado a mantener una reunión en la sede del PSOE en Ferraz”— remitió una solicitud de aplazamiento al Fondo encargado de los rescates. En marzo del año pasado, el organismo dio luz verde a la petición. Por esta mediación se produjo el registro, a principios de junio, de la sede de la compañía, en una pieza separada y secreta del conocido como caso Leire.La empresa vasca se declaró hace un mes en concurso voluntario de acreedores por “insolvencia inminente” y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió su cotización. Sus pérdidas ascendieron el año pasado a 118 millones, frente al beneficio de 28,6 millones registrado en 2024. Unas cuentas que se han visto agravadas por el impacto de los aranceles a las importaciones a Estados Unidos, que suponen casi la mitad de sus ventas.