En Francia, el Senado acaba de aprobar una ley para terminar con la moda rápida. Lo cual podría hacernos creer que va a perseguir las malas prácticas de una de las industrias más contaminantes que existen. Por fin, me dije, van a dejar de fabricar prendas que se deshacen al segundo lavado, se pagará un salario justo a las trabajadoras, las fibras serán naturales, libres de petróleo y tóxicos, la ropa estará pensada para durar, con recias costuras, patrones funcionales. No más cremalleras que se atascan, abrigos sin forro o camisetas con agujeritos. Y en todas las fases del proceso manufacturero se preservará tanto la salud de los trabajadores como la del entorno. Pero nada de eso contiene la ley contra la moda rápida francesa, porque de lo que se trata es de frenar a los gigantes asiáticos que comercializan online prendas de baja calidad. Los precios bajos permiten que los pobres estén tan al día en tendencias como la más acaudalada celebrity y eso contamina, claro está.
El problema es que si vamos subiendo por la escala de la estratificación textil aumenta el precio de los productos, pero no su calidad y mucho menos su impacto en derechos laborales ni en responsabilidad medioambiental. Porque en lo que no se van a meter ni el Gobierno francés ni otros países que quieran luchar de verdad contra los efectos nocivos de la industria es en el modelo mismo, en el sistema entero que ha convertido el consumo de moda en una adicción para muchas mujeres con devastadores efectos, no solo sobre sus bolsillos, sino también sobre su autoestima, al transmitirles el mensaje de que lo que llevamos puesto determina nuestro valor como personas. Por no hablar de la hostilidad hacia las que se pasan de la talla 42 y no pueden entrar en las tiendas físicas (a muchas de las cuales las Shein y plataformas parecidas les salvan la vida).
