“Complicidad y colaboración con ETA”. El diputado del PP Luis Santamaría no se quedó corto en sus acusaciones a Álvaro García Ortiz, que aquella calurosa mañana del 28 de julio de 2022 había acudido al Congreso a pasar el preceptivo examen antes de tomar posesión como fiscal general del Estado. Medios conservadores estaban publicando que el hasta entonces número dos de la Fiscalía había ordenado declarar prescrito el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El fiscal del caso en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, de la conservadora Asociación de Fiscales (AF), ya había publicado una nota negando haber recibido “ningún tipo de directrices”. Pero las grandes cabeceras de la derecha madrileña seguían martilleando. Y el diputado Santamaría estaba allí para repartir leña: el nuevo fiscal del Estado colaboraba con ETA.
Varios bulos de este calibre, alentados por la derecha en sus diferentes avatares —judicial, político y mediático— circularon aquel verano de 2022 para desacreditar a García Ortiz antes incluso de prometer el cargo. Durante casi tres años, el máximo representante del ministerio público no ha disfrutado de apenas un minuto de tregua hasta acabar encausado y procesado por el Supremo. El alto tribunal le había propinado antes otros dos revolcones para frenar sus intentos de otorgar un puesto a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado. Ya fuese por esas decisiones anuladas o por nuevas fabulaciones sobre conjuras nunca probadas —con ETA o el independentismo catalán como argumentos recurrentes—, el bombardeo contra el jefe de los fiscales ha sido incesante. Otra pieza más del brutal combate político-mediático instalado en Madrid.
