Hay en Europa un consenso cada vez más sólido respecto a la urgencia de invertir más y mejor en la seguridad colectiva del continente. El detonante fue la invasión de Ucrania, que tres años después ha evidenciado las dificultades para garantizar el apoyo militar a un país candidato al ingreso a la UE. Pero ha sido la hostilidad demostrada por Donald Trump hacia la Unión y hacia la OTAN —pilares de la estabilidad y de la seguridad europeas— la que ha suscitado una creciente toma de conciencia respecto a la imprescindible asunción por parte de los europeos de la responsabilidad sobre su seguridad.
El debate se centra ahora en su traducción a cifras presupuestarias. Para el secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte, todos y cada uno de los Estados miembros deberían alcanzar el 5% del PIB en su gasto de defensa en 2032. No es una cifra de su propia invención, sino la servicial respuesta a la exigencia de Trump, que ha llegado a insinuar que podría abandonar la Alianza o el incumplimiento de la garantía de defensa colectiva del Tratado Atlántico para los países que incumplan esta arbitraria cifra lanzada por la Casa Blanca.
No hay novedad en esta demanda estadounidense de una mayor participación europea en la carga de los gastos de la OTAN: la exigen desde hace años numerosos presidentes, tanto demócratas como republicanos. Lo nuevo es que lo esgrima un mandatario hostil a las alianzas estables y que observa las relaciones exteriores desde una visión puramente mercantilista, en la que EE UU cobra por la seguridad que ofrece y toda transacción funciona como un juego de suma cero, donde uno gana lo que la otra parte pierde.
