Este tipo de contrato gigante, estratégico, genera grandes expectativas, oportunidades y desafíos.

Se trata, según Washington, de una privatización “sin precedentes” que le da a EE. UU. control económico, político y de toma de decisiones.

Contempla hasta US$100.000 millones para infraestructura petrolera en Venezuela, sobre reservas que superan los 65.000 millones de barriles.