Por qué el debate sobre la extranjerización de tierras dejó de ser una discusión jurídica

Hay momentos en la vida democrática, en los que una decisión parlamentaria trasciende largamente el resultado de una votación. El reciente tratamiento que dio media sanción en el Senado de la Nación al mal llamado proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” —retiro de por medio de dos capítulos: el que pretendía modificar la Ley de Tierras Rurales y el de Manejo del Fuego— constituye uno de esos casos. El ambicioso proyecto inicial fue mutilado y, si bien eso puede analizarse a simple vista como un revés legislativo para el Poder Ejecutivo, creo que representa algo mucho más importante: la demostración de que, aun en tiempos de fuertes tensiones, la democracia conserva la capacidad de escuchar, corregir y evitar errores que podrían comprometer el futuro del país. La discusión sobre la Ley de Tierras nunca fue una cuestión meramente jurídica. Tampoco fue una disputa circunstancial entre oficialismo y oposición. Lo que estuvo verdaderamente en debate fue una determinada concepción del desarrollo argentino, porque detrás de cada norma existe siempre una idea de país. En varias iniciativas como esta, el Gobierno viene expresando que el crecimiento económico depende, esencialmente, de eliminar regulaciones y reducir al mínimo la intervención pública. Desde esa perspectiva, la tierra aparece como un activo más dentro del mercado, sujeto exclusivamente a la lógica de la oferta y la demanda; pero la tierra no es una mercancía cualquiera.

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