El oficialismo trató el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y le dio media sanción en el Senado. Pero la iniciativa original se fue desgranando. Primero, en comisión se eliminaron los cambios que modificaban el Registro Nacional de Barrios Populares y trasladaban su funcionamiento a las provincias; segundo, el gobierno también retiró del tratamiento parlamentario el corazón de su iniciativa, el capítulo 3, por el que se flexibilizaba la venta de tierras rurales a extranjeros; finalmente, resignó el capítulo 4 sobre modificación del Manejo del Fuego y dejó vigente que si un bosque nativo, área protegida o humedal sufre un incendio se prohíbe por 60 años cambiar el uso de esas superficies, fraccionarlas, lotearlas o venderlas para emprendimientos inmobiliarios, entre otras restricciones. El plazo es de 30 años para zonas agrícolas, praderas, pastizales y áreas periurbanas. Estas regulaciones apuntan a limitar o eliminar los incendios intencionales. El oficialismo se encontró ante una disyuntiva: o perdía la votación de la totalidad de la iniciativa o reducía ésta a su mínima expresión para “ganar la votación”. De este modo, con 37 votos positivos y 33 en contra, logró darle media sanción al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada pero luego de vaciar la mayor parte de la iniciativa. Paradójicamente, le dio media sanción a un proyecto que, en su proceso de aprobación, perdió la mayoría de sus contenidos. El “triunfo” fue una gran derrota. Sólo quedaron aprobados el capítulo que acelera los procesos de desalojo y el que aumenta las exigencias para producir expropiaciones, entre otras cuestiones.