Con la aprobación del Congreso, el Gobierno avanza en el pago de US$171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor para cerrar los últimos litigios derivados del mayor default de la historia; el acuerdo contempla una quita de entre el 30% y el 35% sobre las sentencias firmes

La votación abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre el tratamiento de compromisos financieros heredados y el rol del Congreso en su aprobación.

La Cámara Baja dio la media sanción que faltaba para convertir en ley el acuerdo con tenedores de deuda en default de 2001.

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