La residencia permanente en Estados Unidos bajo un nuevo paradigma de control migratorio, escribe Eunice Rendón

El 21 de mayo, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitieron un memorando que señala que la mayoría de los extranjeros que soliciten la Green Card (residencia permanente) deberán hacerlo desde los consulados en sus países de origen. De acuerdo con el documento, el ajuste de estatus —que permite a una persona que ya se encuentra dentro del país cambiar su estatus migratorio de no inmigrante a residente permanente— es una facultad discrecional y excepcional. Esta visión restrictiva del mecanismo refuerza su subordinación a los intereses nacionales como criterio rector de su aplicación. Esta directriz —que en principio parecería solo reafirmar el carácter discrecional de un trámite administrativo—podría desalentar la presentación de solicitudes de ajuste de estatus al tiempo de volver más complejo el camino hacia la residencia legal.La Green Card permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, viajar al extranjero con la posibilidad de reingresar y, con el tiempo y cumpliendo los requisitos, solicitar la ciudadanía estadounidense. Las principales vías para obtenerla son la familia, el empleo y las razones humanitarias, aunque también existen programas especiales, como la lotería de diversidad y ciertos casos específicos vinculados al servicio militar o actividades religiosas. Su relevancia es evidente. Tan sólo en 2023 y 2024 se otorgaron más de 1.1 millones de residencias permanentes y actualmente viven en Estados Unidos cerca de 14 millones de residentes permanentes legales.Pareciera que la medida propuesta busca restringir significativamente la posibilidad de ajustar el estatus migratorio dentro de Estados Unidos, lo que obligaría a muchas personas a salir del país para continuar el trámite de residencia permanente en un consulado estadounidense en su nación de origen y esperar desde el exterior una resolución. Esto podría afectar particularmente a cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses, trabajadores, estudiantes y solicitantes de protección humanitaria, generando consecuencias como la separación prolongada de familias, la interrupción de proyectos laborales y de vida construidos durante años en EU, así como una mayor vulnerabilidad para quienes huyeron de contextos de violencia, persecución o inseguridad y tendrían que enfrentar la incertidumbre de permanecer fuera del país mientras se resuelve su situación migratoria.El memorando es una guía interna para los funcionarios de USCIS y, por sí mismo, no puede modificar los derechos reconocidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que contempla el ajuste de estatus como una vía legal para solicitar la residencia permanente dentro de Estados Unidos. Sin embargo, abogados especializados en materia migratoria advierten que la interpretación adoptada por la agencia podría dificultar el acceso a este mecanismo para personas que ingresaron legalmente al país y posteriormente buscan regularizar su situación, además de incrementar los tiempos de espera, los costos y la incertidumbre jurídica. Por ello, la medida enfrentará impugnaciones judiciales, como ha ocurrido con diversas acciones migratorias impulsadas por la administración Trump que han sido revisadas e incluso frenadas por tribunales federales, al existir un debate sobre si una directriz administrativa puede restringir en la práctica una vía de regularización expresamente prevista por la ley.El memorando también deja interrogantes importantes, pues no define con claridad qué casos podrán seguir ajustando su estatus dentro de Estados Unidos, qué circunstancias justificarían una excepción ni cuáles serán los criterios para aplicarla. Esta falta de precisión amplía la discrecionalidad de las autoridades migratorias y alimenta los cuestionamientos legales sobre la medida.La medida refuerza un giro de la política migratoria estadounidense hacia un enfoque de seguridad y control administrativo que ahora alcanza incluso a las vías legales de migración. Más allá de sus efectos prácticos, envía un mensaje político claro: la regularización deja de ser vista como un mecanismo de integración y pasa a entenderse cada vez más como una excepción sujeta a criterios discrecionales.@EuniceRendonÚnete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

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