El 14 de febrero del presente año, este diario publicó una nota de opinión de mi autoría titulada “Una nueva ley penal juvenil en el marco de la deshumanización de la política”. En ella hago referencia a la desidia manifiesta por los distintos gobiernos en las últimas décadas para avanzar en una legislación moderna, que cumpliera con los estándares en materia de infancia y derecho penal juvenil recomendados por los organismos internacionales que refieren a niños, niñas y adolescentes.
Basta una rápida lectura a la nueva ley Nº 27.801 que entró en vigencia el 5 de septiembre, para advertir que eran urgentes las inversiones destinadas a darle cumplimiento tanto a su letra como a su espíritu. Recordemos que fue sancionada en tiempo récord, dentro de un paquete enviado por el Ejecutivo a sesiones extraordinarias (leyes como estas ameritan un debate profundo, con participación en las distintas comisiones de especialistas, operadores judiciales y organismos que trabajan estas problemáticas).
En aquella oportunidad el proyecto fue girado a cuatro comisiones en Diputados: Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Hacienda y Familia, Niñez y Juventudes. Nada de eso ocurrió. Solo una clara intencionalidad de posicionamiento político frente a una sociedad que con legitimidad reclama mayor seguridad. Recordemos que junto a este proyecto ingresó el de Reforma Laboral, ocupando casi con exclusividad el debate público.
