La nueva Ley Penal Juvenil entró en vigencia ayer y comenzó así una etapa inédita para el sistema penal argentino. Entre los principales cambios, el nuevo régimen reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede ser responsabilizado penalmente e incorpora nuevas reglas sobre garantías procesales, medidas cautelares, penas y alternativas al encierro. Hasta ahora, los menores de 16 años eran considerados no punibles, aunque el régimen vigente permitía la intervención judicial bajo una lógica tutelar que podía extenderse más allá del hecho investigado. La nueva ley modifica ese esquema y establece un sistema de responsabilidad penal para los adolescentes de entre 14 y 17 años, con garantías específicas y límites para la actuación del Estado. La puesta en marcha abre ahora una segunda etapa del debate: cómo se aplicará el nuevo régimen, con qué recursos y bajo qué criterios. PERFIL consultó sobre esos interrogantes a Emilio García Méndez, abogado y diplomado en Justicia Juvenil, y a Mariano Lema, especialista en Derecho Penal y secretario de primera instancia de un Juzgado de Garantías bonaerense.
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