La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que redujo de 16 a 14 años la edad desde la cual un adolescente puede ser responsabilizado penalmente en la Argentina, abrió una nueva etapa en la discusión sobre cómo debe responder el Estado frente al delito juvenil. Desde Chaco, un juez especializado puso reparos al peso que adquiere el encierro dentro de ese debate y rechazó la idea de que exista una “puerta giratoria” para menores.
Se trata de Gonzalo García Veritá, juez de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 1 de Juan José Castelli, quien sostuvo que la reforma no solamente amplió hacia abajo la franja etaria alcanzada por el sistema penal, sino también el universo de conductas que pueden ser investigadas bajo el nuevo régimen.
La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero, publicada el 9 de marzo y entró en vigencia 180 días después, el 5 de septiembre. El Gobierno nacional reglamentó la norma mediante el Decreto 875/2026, publicado este lunes 7 de septiembre. La legislación alcanza a adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18 por hechos tipificados como delitos en el Código Penal o en leyes penales especiales.
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