La suspensión por 60 días de la aplicación de la nueva ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires abrió un fuerte debate político y judicial. Durante su intervención en Ronda de Investigación por +Perfil, el periodista, Leandro Bravo, analizó la falta de infraestructura, el presupuesto destinado al sistema penitenciario y las estadísticas sobre delitos cometidos por menores. Leandro Bravo remarcó que durante el debate legislativo ya habían surgido advertencias sobre la insuficiencia del presupuesto para adaptar el sistema penitenciario. “Entonces, ¿Hubo una previsión para hablar, para construir el sistema, para ampliar el sistema? Sí, pero no alcanza”, planteó. Asimismo, sostuvo que, pese a que la normativa contempla distintas herramientas, no hubo avances suficientes en materia de infraestructura: “También establece muchas penas, mucho menores, como la prisión domiciliaria, como la probation, como lo que se conoce como perimetral, pero nunca, nosotros, en estos seis meses, nunca vimos a Alejandra Monteoliva inaugurar una unidad penitenciaria”.
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