El cardenal Juan José Omella, junto al Papa León XIV en el Vaticano.Vatican Pool (Getty Images)El Arzobispado de Barcelona ha declinado toda responsabilidad ante la reclamación de una víctima mayor de edad que, en marzo de 2022, puso en conocimiento del arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, los abusos sufridos por parte de un sacerdote que, tiempo después, acabaría siendo detenido por tocamientos a un menor. La víctima, J., denunció la inacción de Omella, quiso saber si se le abriría un proceso por esa supuesta pasividad y reclamó que se le reconozca el daño causado y “vías para curar la herida sufrida”. La respuesta de la vicaría judicial de la institución, a la que ha accedido EL PAÍS, rechaza de plano esas pretensiones: “No se observa daño causado por ninguna actuación ilícita dentro del ámbito canónico”.El joven presentó la denuncia ante el servicio de atención a la víctima de abusos (SAVA) de la institución en abril de 2026. Cuatro años antes, en marzo de 2022, mantuvo una primera entrevista con Omella, donde le contó que Jorge Alexander P. había frotado su pene erecto contra él sin su consentimiento y le mostró un vídeo en el que el párroco se masturbaba durante una videollamada con otro chico, mayor de edad. El Arzobispado no adoptó medidas, más allá de derivar al cura a un psicólogo y a acompañamiento espiritual. En septiembre de 2024, J. volvió a verse en persona con el cardenal: quiso saber qué había hecho y ya le reprochó su inacción. Allí, tal como ha explicado este diario, el cardenal admitió sus dudas sobre el párroco: “Siempre me ha quedado un interrogante”. Se da la circunstancia de que, apenas dos meses después, Jorge Alexander fue detenido por los Mossos d’Esquadra por hacer tocamientos a un adulto y otro menor de edad mientras ejercía como rector de la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat, en el barrio del Guinardó de Barcelona. Ese caso está bajo investigación judicial.En la denuncia ante el SAVA, la víctima arremete contra el cura (“se aprovechó de mis convicciones religiosas”), pero también contra el arzobispo, al que acusa de “indiferencia” ante los hechos que le narró. El Arzobispado insiste en que interpretó la reunión de 2022 como una mera “confidencia” y que no actuó contra el cura por tratarse de un asunto “moral” entre mayores de edad. En la denuncia, la víctima cuenta que su objetivo es evitar que haya nuevos afectados y también recibir la “ayuda” de la Iglesia para sufragar los gastos en psicólogo que ha tenido que abonar para “sobreponerse” al daño causado (“depresión, episodios de angustia y ansiedad”). Ese daño, agrega, se ha visto “acentuado por la vía judicial emprendida por el cardenal”, en alusión a la querella que Omella presentó contra él, sin éxito, tras recibir un burofax en el que la víctima se reservaba acudir ante la justicia o ante instancias eclesiásticas superiores.La respuesta de la vicaría judicial —el órgano de la Iglesia que asiste al obispo o arzobispo en la administración de justicia— ha sido negativa. El documento, fechado el 26 de junio y que no identifica el nombre del firmante, admite la existencia de las reuniones entre el cardenal y la víctima. Pero insiste en que durante el primer encuentro, en 2022, J. “pidió no verse implicado personalmente en ninguna queja o actuación”, por lo que, según la vicaría, “hay que entender que evitó presentar una denuncia formal”, una respuesta que va en la línea de la que desde entonces ha sostenido el Arzobispado. La vicaría insiste en que lo sucedido no estaba tipificado como “delito en el ordenamiento canónico”, lo que impedía abrir una investigación. Admite, aun así, que el cardenal “tomó otras medidas para tratar de corregir la conducta de monseñor” Jorge Alexander P.; según consta en la documentación del caso, lo derivó a un psicólogo.El vicario judicial (un cargo nombrado directamente por el arzobispo) avala la actuación de Omella también en 2024, cuando expresó a la víctima que se había producido “una confusión de los términos de la visita anterior” y le instó a denunciar ante el SAVA. Sobre la querella por amenazas, la dice que “no pertenece al ámbito del gobierno eclesiástico, sino que se trata de una actuación exclusivamente personal” de Omella. La querella de Omella, según documentación a la que ha accedido este diario, acusa en cambio a J. de querer “desprestigiar el cargo que ostenta dentro de la Iglesia y a la propia Iglesia Católica”.En lo que probablemente es un error material, la resolución señala que la querella “no siguió adelante” porque la justicia “entendió que no había ninguna actuación ilícita de Omella”. La realidad es que el querellado fue siempre J. y que la justicia, en dos ocasiones, rechazó de plano abrir una investigación al considerar “legítima” la actuación de la víctima.La resolución agrega que sí se abrió un proceso canónico (además del penal) contra el párroco tras su detención, y que el caso de J. se tuvo en cuenta “como precedente para la justicia eclesiástica”. Pero la conclusión es firme: “no toca” abrir expediente contra nadie porque “ya se ha actuado conforme a derecho”. Y rechaza el reconocimiento y ayuda solicitada por la víctima porque no hubo objeto de delito canónico y no hay daño que reparar. La víctima, de la que este diario no ha podido obtener declaraciones, ha presentado un extenso recurso que rebate punto por punto las conclusiones del informe y que está pendiente de resolverse.