El cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y uno de los anfitriones de la visita de León XIV a España, presentó una querella por amenazas contra un joven que le había reprochado su inacción ante un sacerdote que presuntamente abusó de él y que tiempo después fue detenido por pederasta. La acción penal impulsada por Omella contra una posible víctima de abusos ha sido rechazada por la justicia, según la documentación a la que ha accedido EL PAÍS. El juez de instrucción primero y la Audiencia de Barcelona después consideraron que las advertencias del joven, vía burofax, de que acudiría a los tribunales o pondría los hechos “en conocimiento de una instancia eclesiástica superior” no suponen un delito de amenazas, sino una acción “legítima”.J., que pide preservar el anonimato, era mayor de edad cuando, a finales de 2021, sufrió tocamientos por parte del sacerdote Jorge Alexander P., que presuntamente frotó su pene erecto contra él sin su consentimiento. El joven explicó ese episodio durante una entrevista personal que mantuvo meses más tarde, en marzo de 2022, con Omella, que le escuchó pero no adoptó ninguna medida contra el sacerdote: ni le apartó ni instó la apertura de un proceso canónico. El arzobispado explicaría más tarde, cuando Jorge Alexander fue detenido por los Mossos por otros tocamientos (incluido un menor de edad) que el cardenal interpretó las palabras de J. como una “queja”. Al “no haber denuncia”, y tratándose de “una relación entre mayores de edad”, el caso “se tramitó como un asunto moral”, según un comunicado. J. no denunció los hechos ante la policía ni en los juzgados.Pese a la alerta dada, el sacerdote siguió llevando a cabo sus labores con normalidad y, más tarde, fue nombrado rector de la parroquia Mare de Déu de Montserrat, en el Guinardó de Barcelona. Fue en esa etapa cuando, presuntamente, hizo tocamientos a otro adulto y a un menor de edad, lo que llevó a los Mossos a detenerle en noviembre de 2024 por agresión sexual. El Arzobispado de Barcelona sí se movió entonces: activó “todos los protocolos”, recibió al menor y a su madre en el servicio de atención a las víctimas de abusos (SAVA) y, tras la detención, apartó a Jorge Alexander de sus responsabilidades en la parroquia y en el arzobispado. Esas “medidas cautelares siguen vigentes” y el sacerdote, “pendiente de juicio”, según la nota de prensa de la institución.La existencia de otros afectados por los comportamientos de Jorge Alexander ya había llegado a oídos de J., que en septiembre de 2024, o sea dos meses antes de la detención, se dirigió de nuevo al arzobispado para reunirse con Omella y denunciar su pasividad ante el asunto. La institución admitió en su día ese segundo encuentro y dijo que el cardenal “le dirigió” al SAVA, que le dio cita para semanas posteriores. J. no se presentó. En lugar de eso, el 5 de diciembre envió un burofax en el que reprochaba al cardenal “no haber denunciado de oficio los hechos”. En el último párrafo, se mostraba confiado en obtener “una respuesta satisfactoria” y anunciaba “una reserva de las acciones que puedan corresponderle, civiles o penales, así como poner los hechos en conocimiento de una instancia eclesiástica superior”, según el resumen del burofax que consta en la documentación judicial.Silencio del ArzobispadoLa reacción de Omella al burofax fue querellarse contra J. por amenazas condicionales, un delito que castiga con penas de hasta cinco años de cárcel a quien amenaza a otro con “causarle un mal” concreto; en este caso, un daño al “honor”. Interpreta que, con el burofax, J. “le hace responsable de los hechos” que culminaron con la detención del sacerdote.La maniobra fracasó. Ya en febrero de 2025, un juez de Barcelona decidió no admitir a trámite la querella al no ver indicios del delito de amenazas. En la “literalidad” del texto, el juez no apreció que se anunciara al cardenal “un mal concreto”. Pero Omella siguió dando la batalla y presentó un recurso contra esa decisión en el que añadía un nuevo tipo penal (injurias y calumnias) e introducía la sospecha de que J. perseguía “un propósito de obtención del lucro económico” y que, en caso de no conseguirlo, iba a “difamar” al cardenal".La Audiencia de Barcelona no ha atendido las pretensiones del cardenal: reprocha que no hay “ningún fundamento” para hablar de intereses económicos y coincide con el juez en que “la ambigüedad e imprecisión” del burofax “impide vislumbrar” el delito de amenazas. La resolución, que se dictó en diciembre de 2025 y es firme, añade que ese supuesto “mal anunciado” por J. “no pasa de hacer uso de aquello para lo que está legitimado”, o sea, “ejercer las acciones correspondientes” para perseguir unos hechos “de los que sostiene haber sido víctima”.El Arzobispado de Barcelona ha rechazado responder al cuestionario enviado por este diario sobre la querella y remite a una nota del pasado sábado, después de que el cardenal interviniera en la emisora Rac1 para negar haber encubierto a Jorge Alexander. El comunicado señala que “no existía relación entre el caso” de abusos a menores pendiente de juicio y la “queja” de J. contra el mismo sacerdote. Subraya que el joven no se presentó a las citas ofrecidas por el SAVA y señala que solo han sabido de él este pasado mes de abril, cuando ha comparecido ante ese servicio para explicar los hechos. Este asunto, “que afecta a dos personas adultas, se está tramitando en tiempo y forma”. La nota omite, sin embargo, toda referencia a la querella del cardenal, que durante todo el año pasado pendió sobre la cabeza de J.