La ofensiva arancelaria de Donald Trump desde el comienzo de su segundo mandato tenía un doble objetivo. Por un lado, recaudar más para reducir el abultado déficit público de EEUU (5,8% del PIB en 2025) y, por otro, crear un marco propicio para que las empresas estadounidenses que huyeron a China y otros mercados para producir más barato regresaran a casa. Se pretendía, en paralelo, que se recuperara la inversión extranjera directa en plantas manufactureras de EEUU.
Lo primero está muy lejos de cumplirse: el desequilibrio entre ingresos y gastos se resiste a bajar. Muy al contrario, según estimaciones de la Oficina de Presupuestos del Congreso, el déficit federal ascendió a 1,8 billones de dólares en los primeros diez meses del año fiscal 2026. Esta cifra representa 169.000 millones de dólares más que el déficit registrado durante el mismo periodo anterior. Incluso si se tiene en cuenta el distinto calendario de pagos e ingresos, el desequilibrio acumulado habría sido de 1,7 billones de dólares, 71.000 millones más que el déficit del mismo periodo del año fiscal de 2025.
La Administración Trump tampoco está logrando el segundo de los objetivos. Ni vuelven las empresas estadounidenses a su país para producir manufacturas ni las compañías extranjeras proyectan invertir más en nuevos proyectos. No se está cumpliendo, de hecho, lo que ha repetido Trump desde el comienzo de su mandato: que, con la imposición de aranceles elevados a las importaciones, las empresas extranjeras se verían obligadas a ubicar sus fábricas en el país para acceder al mercado estadounidense.
