La Argentina atraviesa, una vez más, esa dolorosa dinámica donde las instituciones tropiezan con sus propias contradicciones y el debate público se degrada en un espectáculo televisivo. Lo ocurrido en los últimos días en materia de seguridad e imputabilidad juvenil sintetiza, con precisión casi quirúrgica, la distancia entre el pragmatismo judicial que exige la ciudadanía y el sesgo ideológico que paraliza al Estado. Por un lado, asistimos al capítulo judicial: tras la votación en el Congreso Nacional que fijó la reforma al Código Penal Juvenil reduciendo la edad de imputabilidad a los 14 años, la jueza de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, decidió suspender su aplicación. Una decisión que generó un inmediato conflicto doctrinario e institucional. Más allá de la pirotecnia mediática, la respuesta técnica no tardó en llegar de la mano de fiscales como el doctor Cerruti, quienes recurrieron a las instancias superiores para apelar el fallo y exigir la plena vigencia de la norma aprobada por los representantes del pueblo. Sin embargo, el problema de fondo no se agota en los tribunales. La traba judicial es apenas el síntoma de una sociedad profundamente dividida en el diagnóstico de sus propios males.