EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.Cientos de plantas de cacao rodean la casa de Elba Arteaga. “El futuro de nosotros es aquí, en nuestras tierras. De aquí comemos legumbres, este plátano, todo”, dice mientras desayuna pescado con plátano verde cocido. Durante generaciones, los habitantes de Las Naves, un cantón tropical del noroccidente de Ecuador, han vivido de la agricultura. En especial de la llamada pepa dorada: el cacao. Pero en 2003, con la entrega de las primeras concesiones mineras en Jerusalén, un recinto rural del cantón, todo cambió. Desde entonces, las reuniones del pueblo se han convertido en asambleas para frenar el avance del proyecto minero Curipamba-El Domo. En ellas se repite la misma preocupación: la contaminación de sus sembríos y sus fuentes de agua. Ese riesgo está hoy en el centro de la disputa y la lucha de toda una comunidad.“¿Y si se contaminan nuestros cultivos? No vamos a tener para comer ni nosotros ni las grandes ciudades”, reflexiona Artega, de 57 años, que vive a unos cuatro kilómetros del proyecto minero. Para ella y los vecinos de Jerusalén, la preocupación aumenta con el paso de los días y el avance de la construcción de esta mina a cielo abierto, que abarca 1.458 hectáreas, una superficie equivalente a 4,2 veces el Central Park de Nueva York. La mina producirá 24.000 toneladas anuales de cobre, oro, plata y otros metales. Su construcción ya ha alterado el paisaje del lugar. Daniel Sisa, líder de la comunidad de Jerusalén, recuerda que cuando se enteró de la llegada de la minera, lo primero que pensó fue en el despojo forzado. No por la militarización, sino por algo más básico: la falta de agua. “En el momento en que no tengamos agua, que nuestra tierra no produzca, ¿qué nos toca hacer?”, se pregunta. “Salir”, se responde a sí mismo. Sisa conoce de memoria el camino hacia la mina. Mientras avanza por la carretera empedrada, dice que en esas mismas tierras salía con su madre a pescar, cosechar y hasta bañarse en el río Naves Chico, uno de los cauces que serían afectados por la minería. A medida que el camino asciende hacia la mina, el paisaje de las plantaciones cacaoteras se desdibuja por completo. La vegetación verde de la montaña se ha transformado en un cerro partido a pedazos, con enormes cráteres en forma de escalones. Una decena de camiones que van y vienen cargados de tierra, mientras las retroexcavadoras remueven capas de suelo para construir la mina. Sobre esta mina se asienta El Domo, conocido por los habitantes del lugar como Piedra Negra. La zona es un punto clave para el abastecimiento de agua de Jerusalén y otros recintos. Un informe del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de 2023 señala que el área tiene una importancia hídrica muy alta y que el caudal “nace a la altura de donde se proyecta construir el proyecto”. Las quebradas de El Silencio y Naves Chico también estarían afectadas. Ambas funcionan como cauces naturales, que recogen, canalizan y transportan el agua. Y que también abastecen a las comunidades cercanas.Habitantes del recinto El Pasaje sostienen carteles en contra del proyecto minero El Domo.Karen ToroCarteles muestran advertencias en español y chino, en las inmediaciones del proyecto minero en Las Naves (Ecuador).KAREN TOROUn trabajador de la empresa china TGJA camina en la zona de construcción.KAREN TOROPiedra del río Oncebí en el recinto El Pasaje, el 31 de julio.Karen ToroDaniel Sisa en uno de los pozos del sistema de agua autogestionado por los comuneros.KAREN TOROComuneros del recinto La Unión montan guardia en el punto de vigilancia autogestionado por la comunidad.KAREN TOROPero la compañía minera sostiene una versión distinta. David González, director del equipo legal de Silvercorp —empresa accionista de Curimining junto a Salazar Resources—, aseguró para EL PAÍS que en el área del proyecto “no existe ningún río”. “Es contradictorio sostener que donde está nuestro proyecto se originan las fuentes de agua”, enfatiza desde sus oficinas en la ciudad de Quito. En el recorrido por el territorio, las huellas de la construcción aparecen a cada paso. La montaña está cubierta de lodo y tierra removida. Cientos de trabajadores chinos y ecuatorianos sueldan varillas de hierro para levantar lo que será una de las principales minas del país, junto a los dos proyectos de gran escala que operan: Mirador y Fruta del Norte. A unos pocos metros de las obras, una pancarta cuelga. Lleva la frase escrita en español y traducida al chino: “La vida es más grande que el cielo y la responsabilidad es más grandiosa que la montaña”. La pancarta parece ajena al panorama. Sisa mira la montaña en silencio. Ha pasado un año desde la última vez que estuvo allí: tenía prohibido el ingreso. “Mira, le han destrozado, aquí había agua”, dice preocupado. “No hay otro sitio donde podamos captar el agua”, añade quien también es representante de la junta de agua potable de Jerusalén. De la mano de Arteaga y otros comuneros, construyeron su propio sistema de tanques para purificar el agua que llega desde Piedra Negra. Antes, consumían el agua directamente de pequeños esteros cercanos al recinto. Ahora temen que, con el comienzo del proyecto, ese sistema esté en peligro, así como el derecho de seguir consumiendo agua pura. “Aquí el interés económico está por encima”, zanja Sisa. Una consulta ambiental que llega tardeArtega, Sisa y otros 402 campesinos afectados de las parroquias Las Naves, San Luis de Pambil y Zapotal decidieron llevar su preocupación a los tribunales. Presentaron una acción de protección con medida cautelar en contra del Ministerio de Ambiente y Energía. Alegan la vulneración de seis derechos. Uno de ellos: la consulta ambiental, un derecho que permite a las poblaciones ser preguntadas antes de que el Estado tome decisiones sobre proyectos que puedan afectar el medioambiente. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), que acompaña a las comunidades, afirma que la consulta debió realizarse en 2003, cuando se otorgaron las primeras concesiones del proyecto. No ocurrió. Las comunidades de Jerusalén, Naves Chico, Panecillo, Unión del Congreso, Selva Alegre, Esperanza Baja y Esperanza Alta fueron consultadas solo hasta 2023, antes de que el proyecto pasara a fase de explotación. Para la CEDHU, el momento de hacer la consulta es determinante. “Se debe hacer cuando se está tomando la decisión, no cuando todos los hechos ya se han dado”, explica la organización. “Hacerlo cuando las personas de la comunidad cuentan que llegan las maquinarias, cuando se están interviniendo cerca de las fuentes de agua y está todo decidido, no tiene sentido”, remarca. EL PAÍS contactó al Ministerio de Ambiente y Energía, institución encargada de la consulta ambiental, para conocer los detalles del proceso, pero no obtuvo ninguna respuesta, pese a la insistencia. Por su parte, Silvercopr S.A. defiende que la consulta se hizo previo al aprobamiento de la licencia ambiental a siete comunidades y que fue “un proceso que duró aproximadamente nueve meses”. Para los comuneros, la realidad fue distinta. A Arteaga nunca le preguntaron nada. “No han hecho ninguna consulta aquí, ninguna a las comunidades”. Lo mismo repite Daysi Coles, líder de la comunidad La Unión, a una hora de Jerusalén y una de las áreas de influencia del proyecto. En esta zona se ha construido “un punto de resistencia” en medio del bosque. El puesto de control tiene una casa de madera, una cadena cruza de extremo a extremo la vía y una pancarta colgada entre dos árboles advierte: “Porque nos dañan los caminos comunitarios, prohibido pasar maquinaria y vehículos de la empresa minera Curimining S.A.”. Los campesinos de La Unión se turnan para hacer guardias y evitar el paso de las máquinas. Todos conocen los códigos para alertar cuando se acerca un camión. Para los comuneros, la minera ha puesto los ojos en esta ruta porque es el camino más corto para llegar al Domo: apenas 12 kilómetros. “Ellos quieren este camino a como de lugar, pero es un camino comunitario”, enfatiza Coles. La lideresa, de 34 años, cuenta que el paso de volquetas y retroexcavadoras ha causado daños en sus casas y que, incluso, los camiones arrojan el material de la mina en la vía.Pero la consulta ambiental no es el único derecho que habría sido vulnerado. La acción de protección también menciona los derechos de la naturaleza, medio ambiente, agua, identidad cultural de poblaciones campesinas y derecho a defender derechos. “Todo eso da cuenta de que estas actividades extractivas, la minería sobre todo, causan una violación masiva de derechos humanos”, subraya el equipo de la CEDHU. El temor a perder sus cultivosEl miedo a la contaminación no solo se queda en Jerusalén ni en las comunidades cercanas al proyecto. También ha llegado hasta Pasaje A, un recinto de la parroquia Zapotal, en la provincia costera de Los Ríos, zona atravesada por más de 300 afluentes. La ruta hacia el recinto está llena de letreros de compra y venta de cacao. Los habitantes de Pasaje son productores y exportadores de cacao fino de aroma. Muchos han continuado con el legado de sus padres, agricultores. Y ahora venden su producción de cacao a Europa y otros países. En uno de los centros de acopio de cacao, entre costales apilados y pepas secándose sobre el piso de un descampado bajo el calor intenso, los agricultores del lugar se reúnen para plantar cara a su principal preocupación: el impacto de la minería en sus plantaciones. “Piensan que aquí, en Pasaje, no nos va a afectar”, sostiene uno de los campesinos. Otro añade: “Van a contaminar nuestro cacao porque todo se va a los sistemas de riego”. Los habitantes de Pasaje utilizan las aguas del río Oncebí, que nace aguas abajo de la quebrada El Silencio, para regar sus cultivos. Pero los agricultores cuentan que desde hace algunos meses hay sedimentos causados por el movimiento de tierra provocado por la construcción de la mina. Por su parte, Silvercorp afirma que el río Oncebí no forma parte de su influencia hídrica. David Larenas, gerente de Asuntos Corporativos de la compañía minera, rechaza las denuncias de las comunidades y asegura que son falsas. “El negocio de los antimineros es desinformar a la gente, hablar de supuestos futuros, que el agua se va a contaminar, que se va a descargar el agua contaminada y que los cultivos de la cuenca baja van a ser contaminados”, dice Larenas.Los agricultores, que han vivido durante años en estas tierras, temen que, con el comienzo de la explotación minera, sus sembríos de cacao puedan contaminarse con metales pesados y, con ellos, su principal fuente de sustento. “El desarrollo de nosotros es la agricultura. “Nunca hemos necesitado de la minería”, reflexiona una de las agricultoras.La mina tiene una vida útil de poco más de una década. Pero en Las Naves, Zapotal y San Luis de Pambil, sus habitantes piensan en un futuro más largo, en las generaciones que vendrán y lo que les dejarán. “Si el proyecto minero continúa, no sé ni qué decir”, se queda pensando Artega. “Estaremos luchando aquí, hasta cuando ya no tengamos producción y la gente diga: ‘Tu producto ya no podemos comprar’”, dice. Para Artega y los campesinos de las comunidades, la lucha es la tierra y el agua, que los alimenta.