Isabella Bogaty, una estudiante puertorriqueña de 21 años, llegó a Madrid para cursar un año académico, pero no pudo acceder al Abono Joven de 10 euros porque no está empadronada. Si hubiera venido a vivir a la capital por estas mismas fechas el año pasado, sí habría podido solicitarlo. En los últimos 20 días de clase ha realizado 40 viajes, dos diarios, para desplazarse entre su piso y la universidad. Ha tenido que comprar cuatro bonos de diez viajes, a 7,30 euros cada uno, y ha gastado 29,20 euros: 19,20 euros más de lo que habría pagado con el Abono Joven, un aumento del 192%. La diferencia se debe a una modificación publicada por la Comunidad de Madrid el 12 de junio, que ha condicionado la expedición de la Tarjeta Transporte Público Personal al empadronamiento en la región.La medida no afecta únicamente a Bogaty por ser una estudiante extranjera. También afecta a los alumnos procedentes de otras comunidades que mantienen el empadronamiento en su lugar de origen, así como a los trabajadores que viven fuera de Madrid. Quienes ya tenían la tarjeta antes del cambio no la pierden de inmediato, pero deben cumplir el nuevo requisito si solicitan un duplicado.Bogaty estudia Sociología en una universidad estadounidense. La mayoría de sus clases se imparten en la Universidad Complutense y el resto, en la sede que su universidad tiene en el centro de la capital. A los trayectos para asistir a clase se sumaron los desplazamientos al banco y al supermercado, además de los necesarios para completar los trámites propios de quien acaba de instalarse en otro país. “Cuando vi lo que sería mi gasto mensual, pensé: ‘Esto es demasiado, debe haber otra opción para estudiantes o algo parecido’”, cuenta.Esa alternativa existe. El Abono Joven permite viajar de forma ilimitada por todas las zonas tarifarias durante 30 días por 10 euros. Está disponible desde los 15 años hasta el día en que se cumplen 26 y debe cargarse en una Tarjeta Transporte Público Personal. Bogaty cumple el requisito de edad, pero no puede solicitarla porque no está empadronada. Tiene NIE y está tramitando la Tarjeta de Identidad de Extranjero, pero, según explica, la residencia estudiantil en la que vive no le permite empadronarse. “Aunque tengo un número de NIE, no estoy empadronada. Mi residencia estudiantil no ofrece esa posibilidad y tampoco es necesario para residir legalmente, pero no tenerlo me impide acceder al Abono Joven”, relata.El belga Mats Verhulst, de 20 años, descubrió el nuevo requisito el primer día de periodismo en la Universidad Francisco de Vitoria, cuando fue a solicitar el abono y le exigieron estar empadronado. Solo vivirá cinco meses en Madrid como estudiante Erasmus, así que no necesita este papel. “Como estudiante, con los gastos ya elevados del alojamiento y de la vida diaria en Madrid, me parece muy desafortunado que los alumnos Erasmus que vienen un semestre queden excluidos”, afirma. “Estar cinco meses no nos hace menos estudiantes”.El cambio también ha trastocado el funcionamiento de organizaciones que reciben grupos de estudiantes extranjeros. Una empresa que gestiona los abonos antes de la llegada de alumnos estadounidenses cuenta que este verano tuvo que recurrir a una combinación de títulos turísticos y bonos de diez viajes. “Esto nos complicó muchísimo. Antes gestionábamos todos los abonos de transporte antes de que los estudiantes llegaran. En verano los costes subieron muchísimo y de cientos de euros se pasó a miles”, asegura la encargada de gestionar los abonos de transporte para los estudiantes, Brissette Garcia. “Se podía ver que el Consorcio no estaba preparado. Cada oficina decía algo diferente y cada vez que llamábamos también”, recuerda. Ante la desaparición del abono de 30 días para su caso, la empresa tuvo que recurrir a tarjetas de tres y siete días, que recargaban semanalmente. “El tema de los pagos fue complicado porque al principio decían una cosa y luego lo cambiaban”, señala. Garcia lamenta además el alcance de la medida: “Es una pena porque esto ha afectado a los estudiantes, a los trabajadores que viven fuera pero trabajan en Madrid y a las personas irregulares”.La oposición relaciona el requisito con la “prioridad nacional”El Consorcio Regional de Transportes de Madrid defiende que la exigencia responde a la normativa vigente y que el empadronamiento es un criterio objetivo que debe aplicarse por igual a todos los usuarios que quieran acceder a las bonificaciones financiadas por la Comunidad de Madrid. La medida, sostiene, fue anunciada en junio con antelación suficiente para que quienes trasladaran su residencia a la región pudieran realizar los trámites antes del inicio del curso. En el caso de los estudiantes que se desplazan para cursar un año académico completo, señala que la estancia suele superar los seis meses y supone fijar la residencia en la Comunidad, por lo que deben empadronarse en el municipio donde vivan. Una vez acreditada la residencia, podrán obtener la Tarjeta de Transporte Público personal y acceder a las bonificaciones correspondientes.En el caso de los estudiantes que llegan para cursar un año académico completo, el Consorcio considera que se trata habitualmente de estancias superiores a seis meses que implican fijar la residencia en la Comunidad. Una vez acreditada mediante el empadronamiento, podrán acceder a la Tarjeta Transporte Público Personal y a las bonificaciones correspondientes.La Comunidad anunció en junio convenios con otras autonomías para permitir que sus estudiantes accedieran al abono sin empadronarse en Madrid. Sin embargo, casi tres meses después, no consta que se haya formalizado ninguno. La oposición relaciona el requisito con el debate sobre la “prioridad nacional”. Javier Guardiola, portavoz del PSOE de Madrid, considera que la medida representa una “prioridad nacional”, pero “solo para los madrileños”. “No puede ser que estudiantes, trabajadores y migrantes en nuestra región, que vienen a aportar, a sumar y a contribuir, se queden sin el acceso al bono transporte, sin acceso a un derecho básico como es el transporte”, afirmó.María Acín, portavoz de Transportes de Más Madrid, eleva el tono de la crítica: “Esto es un ataque al transporte público. Un ataque, además, racista”. A su juicio, perjudica especialmente a los migrantes, aunque los “daños colaterales” alcanzan a miles de estudiantes de otras provincias y a trabajadores de otras regiones. Acín acusa a la Comunidad de aprobar el requisito “de tapadillo” y reclama su retirada porque, sostiene, “lo único que hace es complicarle la vida y atacar el bolsillo de cientos de miles de personas”.El caso de Óscar González, de 33 años, es similar. Vino hace 20 días desde México para estudiar un máster en la Universidad Politécnica de Madrid. González cuenta sorprendido que no hay citas hasta dentro de “uno o dos meses en ningún centro para empadronarme”.González y su mujer no entienden cómo van a afrontar este gasto diario e inesperado en transporte. Ambos hacen un mínimo de dos viajes diarios en transporte público y denuncia que solo de lunes a viernes, entre los dos, van a gastar “120 euros mínimo”. Más los desplazamientos de ocio durante el fin de semana, que calcula serán 35 euros más todos los meses.