NoticiaAunque las opiniones coincidieron en que la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, las posiciones variaron respecto al impacto que podría tener la medida. Foto: iStock09.09.2026 15:30 Actualizado: 09.09.2026 15:30
La decisión del Gobierno Nacional de levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego ya empezó a generar reacciones en Barranquilla. LEA TAMBIÉN Apenas un día después de la expedición del decreto presidencial, autoridades locales, organismos de control y representantes del sector comercial fijaron posiciones sobre una medida que reabre uno de los debates más sensibles en materia de seguridad ciudadana.Las declaraciones se produjeron este miércoles en el marco de la Asamblea Nacional de Personeros, evento que reúne en la capital del Atlántico a representantes del Ministerio Público de distintas regiones del país y que tiene entre sus principales ejes de discusión temas relacionados con seguridad, convivencia y derechos ciudadanos.Aunque las opiniones coincidieron en que la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, las posiciones variaron respecto al impacto que podría tener el regreso de los permisos de porte para quienes cuentan con autorización legal.Verano: ciudadanos legales quedaron en desventajaUno de los primeros en pronunciarse fue el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien sostuvo que las restricciones aplicadas terminaron afectando principalmente a quienes cumplen la ley.Eduardo Verano, gobernador del Atlántico. Foto:Sebastián ArangoSegún explicó el mandatario, los ciudadanos que contaban con permisos legales para portar armas se vieron obligados a someterse a las limitaciones impuestas por el Estado, mientras que las estructuras criminales continuaron armándose y operando al margen de la normatividad.“Lo que se busca es desarmar a la comunidad para evitar mayores niveles de violencia. Sin embargo, en la práctica, quienes terminan entregando sus armas son principalmente ciudadanos de bien, empresarios y personas que aportan a la economía, mientras que quienes están al margen de la ley continúan armándose”, señaló.No obstante, Verano evitó respaldar la medida sin reservas. De hecho, reconoció que permitir nuevamente el porte de armas también podría traer consecuencias negativas para la seguridad ciudadana.“Evidentemente, existen riesgos de que aumenten los niveles de violencia; ese es un factor que debe analizarse”, agregó el gobernador.La Personería pide controles estrictosDesde la Personería Distrital de Barranquilla, el personero Miguel Ángel Alzate consideró que la discusión no debe reducirse a una confrontación entre quienes están a favor o en contra del porte de armas, sino analizarse desde la capacidad real que tiene el Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos.Miguel Alzate Salcedo, personero de Barranquilla. Foto:KronosPara el funcionario, la decisión del Gobierno responde a una realidad que hoy preocupa a buena parte del país: la sensación de vulnerabilidad frente a delitos como el hurto, la extorsión y otras manifestaciones de criminalidad.Sin embargo, insistió en que cualquier apertura debe estar rodeada de controles rigurosos. “Consideramos importante que se abra esta posibilidad, pero con muchos controles y restricciones, para evitar un uso masivo de las armas y garantizar que sea un porte regulado y excepcional”, sostuvo.Alzate planteó que la medida debe evaluarse permanentemente mediante indicadores que permitan determinar si efectivamente contribuye a mejorar las condiciones de seguridad o si, por el contrario, termina generando nuevos riesgos para la convivencia.Además, señaló que un eventual acceso al porte legal debería mantenerse bajo criterios restrictivos, especialmente para ciudadanos o comerciantes que acrediten necesidades particulares de protección.Los comerciantes llaman a la cautelaOrlando Jiménez, presidente de Undeco Barranquilla, manifestó preocupación frente a la posibilidad de que el debate sobre la inseguridad termine reduciéndose únicamente al uso de armas como mecanismo de defensa.Los comerciantes han sido un gremio muy afectado por la inseguridad en Barranquilla. Foto:El TiempoEn su criterio, la problemática que enfrentan miles de pequeños comerciantes, particularmente en materia de extorsión, requiere respuestas más amplias por parte del Estado y no puede solucionarse únicamente mediante la flexibilización de los permisos de porte.“Hay que tener mucho cuidado. Desde mi experiencia y conocimiento, me preocupa que intentemos solucionar un problema generando uno mayor”, afirmó.Jiménez también hizo énfasis en los límites legales de la legítima defensa, una discusión que, según advirtió, cobrará relevancia ante el nuevo panorama normativo.El dirigente gremial recordó que la ley establece condiciones específicas para que una actuación pueda ser considerada legítima defensa, por lo que el hecho de contar con un arma no habilita a una persona para perseguir o atacar posteriormente a quien haya cometido un delito.La discusión se produce después de que el Gobierno Nacional levantara la suspensión general de los permisos de porte mediante un decreto que restablece la eficacia de las autorizaciones vigentes otorgadas por las autoridades competentes.La medida no implica libre porte de armas para la ciudadanía ni elimina los requisitos contemplados en la legislación colombiana. Tampoco habilita permisos suspendidos, vencidos o revocados. LEA TAMBIÉN Aun así, la decisión ha reabierto un debate que combina preocupaciones por la seguridad, la legítima defensa, la capacidad de respuesta de las autoridades y los posibles efectos que una mayor circulación de armas podría tener sobre los niveles de violencia.También te podría interesar:#ElTiempo #NoticiasColombia #ÚltimaHora Foto:EL TIEMPO Sigue toda la información de Colombia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
