La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la entidad estatal colombiana encargada de acompañar a las personas que dejan las armas en su tránsito a la vida civil, está en una carrera contrarreloj para evitar no solo la interrupción de buena parte de sus operaciones, sino su posible cierre de facto. La única institución del sector de Presidencia sin una cabeza nombrada en el nuevo Gobierno enfrenta un bloqueo de recursos mientras el Ejecutivo de Abelardo de la Espriella —opositor de las negociaciones de paz y los beneficios a quienes hayan hecho parte de grupos armados— planea reducir los previstos para 2027.El bloqueo de recursos de la ARN hace parte de una decisión más amplia del Gobierno de contener y reducir el gasto de las entidades públicas, cuyo alcance y efectos en otras dependencias todavía están por verse. En el caso de la ARN, las consecuencias ya son concretas: los recursos destinados para garantizar su operación durante los últimos meses de 2026 están bloqueados y la entidad advierte que, de no ser liberados, tendrá que interrumpir contratos, servicios y parte del acompañamiento que presta a miles de personas en reincorporación. Fuentes de la agencia, que hablan bajo la reserva de su identidad por temor a perder su trabajo y represalias en el sector, señalan la inminencia de que se interrumpan servicios esenciales para la reincorporación de 15.500 personas, sobre todo los 11.108 excombatientes de las antiguas FARC que firmaron el Acuerdo de Paz, a partir del 15 de octubre. Van desde sus seguros de vida y el acompañamiento de los equipos en los territorios hasta beneficios económicos como la renta básica. La crisis en ciernes arriesga también el servicio de vigilancia para la Agencia o el sostenimiento de sus 32 sedes territoriales. Las restantes 4.392 son personas en reincorporación de otros procesos de paz que no son firmantes del Acuerdo de 2016.El origen de la crisis está en los 53.000 millones de pesos que tiene la ARN como soporte presupuestal para lo que queda del año y que fueron bloqueados el 21 de agosto. Ese día, los funcionarios encontraron que los certificados que todas las entidades requieren como respaldo para hacer pagos estaban en ceros. Por ello, el 31 de agosto su directora encargada, Carolina Vergara, envió un oficio a Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en el que le pide establecer las prioridades y las medidas para garantizar la continuidad de la entidad mientras se define el escenario presupuestal. Hasta la fecha no ha recibido respuesta.La ARN también ha intentado sin éxito contactar con los ministerios de Hacienda y del Interior y el círculo más cercano al presidente De la Espriella, sin éxito. Este viernes 4 de septiembre, Vergara envió un recurso de insistencia al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y a la directora general del Presupuesto Público de la Nación de esa cartera, Claudia Numa, en los que señala que es prioritario el desbloqueo de los recursos. “Mediante comunicaciones telefónicas y correos electrónicos se remitió justificación a detalle de la necesidad de los recursos, categorizando la criticidad como alta y media en términos de los tiempos de su necesidad, mas no de los valores requeridos; sin embargo, frente a las aprobaciones del consejo de ministros de la reducción del presupuesto de la vigencia 2026 para todo el Estado, se nos indicó por parte de los funcionarios del MHCP lo inevitable de dicho bloqueo y reducción”, dice el oficio. El bloqueo ya produce consecuencias. La ARN debió suspender la adjudicación del contrato de vigilancia y seguridad privada para cubrir esa necesidad en sus 32 sedes territoriales desde el 15 de octubre.El impacto para los firmantes de pazEntre los recursos bloqueados están también los destinados a los traslados de los firmantes que tengan riesgos de seguridad. Sobre esto último, la ARN indica que tiene 10 casos que requieren ese apoyo, que consiste en un desembolso equivalente a 2,5 salarios mínimos para facilitar la salida de las personas de su zona de riesgo. No es una alerta menor cuando en la última semana han sido asesinados cinco firmantes de paz, lo que ha llevado las cifras totales hasta casi 500 muertos, de acuerdo con el conteo que hace la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).También está en riesgo la operación de los 18 antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) —las zonas creadas en el Acuerdo de 2016 para que los antiguos combatientes hicieran su tránsito a la vida civil— que todavía cuentan con administración estatal. Allí, la ARN garantiza servicios como el agua potable, el saneamiento básico o el suministro de combustible, necesarios para que vivan allí 1.500 firmantes y sus familias. Pero la consecuencia más profunda está en el acompañamiento individual que reciben los firmantes. La agencia tiene facilitadores territoriales que hacen seguimiento a los planes de reincorporación de cada persona. Según pudo constatar este diario, actualmente existe un facilitador por cada 50 firmantes, funcionarios que revisan facturas que van de la educación y el empleo, a la salud o el acceso a tierras. Sin recursos para desplazamientos y viáticos, no pueden hacer esa labor con normalidad.En el caso de los firmantes de paz, hay además una alerta sobre la renta básica, el subsidio económico mensual otorgado por el Estado colombiano a los que no cuentan con ingresos formales, que actualmente reciben unas 8.500 personas. Aunque el dinero para ello se encuentra en el Fondo Colombia en Paz y no es girado directamente por la ARN, esa agencia hace la identificación y seguimiento de los beneficiarios en el terreno y ya alertó al Fondo sobre el riesgo de que las dificultades presupuestales terminen afectando los pagos.El recorte de De la Espriella al presupuesto de la ARNLa ARN también está enfrentando problemas con su presupuesto para 2027. En varias entrevistas, su exdirectora Alejandra Miller había advertido sobre la posibilidad de que el Gobierno De la Espriella la elimine de forma definitiva, o le congele los recursos para paralizarla.En su oficio enviado al Dapre, la directora encargada señala que el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno al Congreso contempla una reducción aproximada del 46 % en las transferencias corrientes frente a la apropiación vigente, con lo que la ARN pasaría de tener los 360.000 millones de pesos proyectados para 2026 a unos 226.000 millones para 2027. Eso llevaría a pasar de cerca de 1.300 contratistas a solo 400.Las alertas no solo han venido de la agencia, sino también del Consejo Nacional de Reincorporación o CNR, una instancia de seguimiento al tránsito a la vida civil. Laura Villa, firmante de paz y delegada de Comunes, el partido creado por los exmiembros de las FARC, ante el CNR, ha alertado de esa reducción. “Reducir casi a la mitad los recursos de la ARN cuando todavía hay miles de firmantes que no han terminado su proceso de reincorporación pone en riesgo la implementación de la política”, indica. “La reincorporación todavía tiene enormes desafíos en acceso a tierra, vivienda, sostenibilidad económica, seguridad y presencia institucional. En ese contexto, reducir los recursos de la ARN es reducir la capacidad del Estado para responder a esos desafíos”. 🚨#Atención El Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2027 plantea una preocupación que no podemos ignorar, mientras el presupuesto nacional alcanzaría los $634,9 billones, los recursos destinados a la @ARNColombia pasarían de cerca de $320 mil millones en 2024 a… pic.twitter.com/cW2JyotNWX— Reincorporación Comunes (@CNRCOMUNES) August 31, 2026