Entrevista Exclusivo suscriptores El exnegociador señala que el Gobierno no deja claro qué ruta jurídica ofrecerá a los exintegrantes de la CNEB que dejaron sus armas.Armando Novoa, jefe negociador con la CNEB. Foto: Consejería Comisionada de Paz.PERIODISTA10.09.2026 09:10 Actualizado: 10.09.2026 09:10
En entrevista con EL TIEMPO, Armando Novoa, jefe negociador del gobierno del expresidente Gustavo Petro con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), lamentó el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) instalada en Valle del Guamuez, Putumayo, y cuestionó que la resolución del gobierno de Abelardo De La Espriella no establezca una ruta clara sobre el futuro jurídico de los 99 excombatientes que ingresaron ni sobre la eventual continuidad de su proceso de reintegración.Luego de conocerse la decisión del Ejecutivo, varios excombatientes tomaron la decisión de abandonar la ZUT. Los que se quedaron piden al Gobierno garantías y presencia institucional para resolver sus dudas. ¿Cuál es su impresión luego del cierre de la ZUT del Valle del Guamuez? Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Foto:Consejería de Paz.Es una mala noticia no solamente para las personas que dejaron las armas de manera unilateral y libre con el propósito de reincorporarse a la vida civil, sino también para la región, para las comunidades y para la posibilidad incluso de la política de sometimiento a la justicia que con tanto énfasis ha señalado el gobierno. Lo es porque cierra la posibilidad de que quienes dejen las armas puedan tener alguna credibilidad en los compromisos que los gobiernos hacen en representación del Estado. De manera que es una noticia que yo lamento y creo que va a generar unos efectos perturbadores para la región, para las comunidades y también para las personas que están allá en la zona de ubicación temporal.¿Qué sucederá en términos de la situación de estos excombatientes? ¿Considera que queda claro en la resolución?No, entre otras razones porque a las personas que ingresaron a la zona de ubicación temporal inscritas en el programa de reincorporación se les deja al garete, dado que el gobierno está haciendo un recorte drástico del presupuesto asignado a esa entidad. Ese recorte presupuestal dejaría sin posibilidad alguna de atención a las personas que dejaron las armas y adquieren unos derechos y tienen unas expectativas legítimas derivadas de su nueva condición. Hablamos de una agencia que está siendo asfixiada sin presupuesto, sin director o directora. No va a tener capacidad de responder a lo que se dice con ambigüedad en la resolución y lo que deja ver esa decisión en el fondo es que no hay ningún interés en lograr la pacificación del territorio, sino en dejar de lado la política de sometimiento y más bien retirar del camino todos los obstáculos para una política de mano militar en el territorio que no traerá buenas noticias para la comunidad. ¿Es decir, no hay una hoja de ruta clara?Armando Novoa en visita a la ZUT. Foto:Consejería de Paz.No aclara ninguna hoja de ruta. Nosotros sí teníamos clara la hoja de ruta y habíamos dicho que el marco normativo estaba en dos normas, en la ley 418 del 97 y en la ley 1908 del 2018. Esa segunda ley, más allá de las controversias jurídicas, establece una hoja de ruta para el sometimiento que el gobierno está borrando de un solo tajo.Pero el artículo 4 de esta resolución dice que la ARN "adelantará las actuaciones necesarias para definir individualmente el ingreso y la continuidad de las personas reconocidas como desmovilizados en el proceso de reintegración". ¿Eso no marca que se apunta a una reintegración individual?Esas personas van a quedar expuestas porque al no estar funcionando el programa de la Agencia de Reincorporación, al no haber recursos por los recortes drásticos de presupuesto, la gente no va a tener manera ni siquiera de volver a sitios en donde cada uno de ellos libremente tome la decisión. Y me temo mucho que si hay acciones del Estado en contra de las personas que están en la zona de ubicación temporal, vamos a tener un escenario muy delicado desde el punto de vista no solamente humano, sino el orden público.¿Está diciendo que no habría garantías?El lenguaje que se utiliza lo que nota es que se quiere borrar de un tajo el avance más importante que hubo con la política de paz total, que no por pequeño deje de ser significativo. La pregunta que cualquier observador desprevenido se hace es ¿Y cuáles son las reglas, las garantías o las condiciones para continuar adelante con ese trámite que se supone debe estar claro en el curso de las próximas dos semanas porque la zona el nuevo presidente la termina el 30 de septiembre? No olvidemos que la zona de ubicación temporal tiene, entre otros propósitos, que las personas no van a ser privadas de la libertad, sino cuando existan unas reglas claras. Y, si se acaba la zona, significa entonces que las personas que están allí todas quedan en curso en unos delitos y pueden ser detenidas preventivamente por el Estado porque de aquí a esa fecha no se va a alcanzar a definir la situación jurídica de ninguno.¿Usted no descarta que puedan volver a las armas?Traslado de unidades de la CNEB a la ZUT. Foto:Consejería de Paz.Yo lamentaría que eso ocurriera. En las distintas reuniones que tuvimos hasta antes de habernos retirado de la responsabilidad que nos encomendó el presidente Petro se habló del tema y todos ellos ratificaron su compromiso con continuar en la zona, pero el manejo que le ha dado el nuevo gobierno es tan lamentable que la reacción que genera entre ellos, supongo, es de una incertidumbre total. Si no van a tener fuentes de subsistencia, si no van a tener ninguna claridad sobre la hoja de ruta para su reincorporación, tienen que retirarse de la zona. ¿Qué alternativa les quedaría? Yo lamento que eso pudiera ocurrir.Quedan menos de tres semanas para formalizar el cierre de la ZUT. ¿Es suficiente ese tiempo?La terminación anticipada de la zona de ubicación temporal estaba sujeto a unas reglas que en este caso el gobierno tampoco está cumpliendo. Hay unos datos que son incontrastables y el eje más relevante de ese logro había sido el ingreso de estas personas con la expectativa de su reincorporación a la vida civil. Muchos de ellos han manifestado que se mantienen en esa decisión. Semanas atrás le habían enviado una carta al presidente.¿Y ustedes como exnegociadores lograron trasmitir sus preocupaciones al nuevo Gobierno antes de que se tomara una decisión?Buscamos por todos los medios diálogo con el ministro del interior, con el vicepresidente, con el ministro de justicia, pero se ignoró esa solicitud que tenía como propósito único explicar en qué estado se encontraba la situación para que ellos tomaran decisiones con mayor conocimiento de causa. Pero nada de eso importa por una resolución llena de imprecisiones conceptuales, sin tener en cuenta que esas personas tienen una situación o un estado de indefensión, que tienen unos derechos y unas expectativas legítimas. La Corte Constitucional ha dicho en algunas decisiones quienes hacen tránsito a la vida civil también tienen derechos fundamentales que el Estado tiene que respetar y proteger dada su condición de indefensión. Nada de eso se considera en la resolución, lo cual denota un desprecio por la condición humana de quienes decidieron abandonar las armas y acogerse al estado social de derecho.JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZRedacción Política Sigue toda la información de Política en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
