España acumula este año 272 investigados por su presunta implicación en los fuegos, un 40% más que el año pasado
Las penas para los autores de los incendios forestales son duras. El Código Penal prevé condenas de entre 10 y 20 años de cárcel cuando el fuego pone en peligro la vida o la integridad física de las personas. Pero son pocos los incendios provocados, bien de forma intencionada o por imprudencias o accidentes, que llegan a juicio, porque son casos difíciles de demostrar. Se cometen generalmente en extensas zonas forestales y, aun cuando se logre dar con el presunto autor, hay que reunir pruebas suficientes para sostener la acusación ante un tribunal.
El escenario del crimen no es sencillo, y menos aún si el fuego se ha provocado de forma deliberada. Con temperaturas que superan con facilidad los 500 grados, se destruye cualquier vestigio de ADN, células epiteliales o huellas dactilares en los objetos empleados para iniciar el fuego, responde la Guardia Civil. Sorprender al incendiario in fraganti tampoco resulta fácil. Pueden utilizar velas, mechas, productos químicos y sistemas de ignición retardada, que les permiten huir antes incluso de que aparezca el humo. A ello se suma que en el bosque no es fácil encontrar a testigos y que las labores de extinción, que tienen prioridad, pueden destruir pruebas.
