La Abogacía del Estado ha solicitado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón personarse en la causa en la que se investiga la entrada masiva de migrantes en la Ciudad Autónoma de Ceuta en las jornadas del 30 y 31 de julio. Los servicios jurídicos del Estado argumentan que, puesto que la magistrada en el auto por el que declaraba su competencia indicaba que los hechos pudieron suponer “una violación de la integridad territorial de España”, el Estado se ve concernido de manera “incuestionable”.
En el escrito presentado ante la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, la abogada del Estado jefe, Zaida Isabel Fernández, explica que los hechos que se investigan “revestirían una clara afectación a la salvaguarda estatal y a la seguridad nacional”. Entiende que es “innegable” que los bienes jurídicos susceptibles de protección de acuerdo con la resolución de la jueza serían “la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad del Estado, su integridad territorial, la defensa nacional, la seguridad exterior y la estabilidad del Estado de Derecho”: “todos ellos se tratan de bienes jurídicos institucionales cuya titularidad corresponde, de manera incuestionable, al propio Estado”.
