El rastro de la inteligencia de EE. UU. en la ‘mano dura’ del gobierno de Abelardo De La Espriella

Análisis Exclusivo suscriptores Fuerza Pública viene recuperando la capacidad ofensiva. Caída de Maduro aún no se siente en la cooperación con Venezuela.El presidente Abelardo De La Esperilla y la cúpula militar y de Policía dan los resultados de la operación. Foto: CortesíaSUBEDITOR DE JUSTICA05.09.2026 21:17 Actualizado: 05.09.2026 21:17

Dos helicópteros despegaron desde Santa Marta a las 11 de la noche del jueves con rumbo a La Guajira. A bordo iban 19 comandos y seis investigadores que tenían un solo objetivo: llegar hasta Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor. Era uno de los jefes de la banda de ‘los Pachenca’, que en la mesa de la ‘paz total’ del gobierno pasado se hacía llamar ‘Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada’.La misión estaba clara: acababan de confirmar que el capo que buscaban estaba en el barrio Los Olivos de Riohacha. Aterrizaron a unos 2 kilómetros del sitio, en un punto establecido previamente, donde los esperaban otros nueve uniformados como parte del dispositivo de apoyo. Desde allí continuaron por tierra.El perímetro estaba asegurado antes del ingreso, y toda la fase de asalto estaba diseñada para resolverse en cuestión de minutos. Empezaba así a concretarse la caída del primer ‘objetivo de alto valor’ entre los al menos cinco señalados como tales desde antes de tomar posesión el presidente Abelardo De La Espriella. El mandatario dio la orden expresa de capturar o dar de baja a ‘Bendito Menor’, el sicario convertido en capo en los años de la ‘paz total’ y que utilizaba sus redes sociales para extorsionar abiertamente y desafiar a la Fuerza Pública.Así quedó la vivienda de Riohacha donde fue localizado Naín Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’. Foto:CortesíaHoras antes del golpe definitivo se regó como pólvora la versión de que ‘Bendito’ había muerto en un supuesto enfrentamiento con otra banda en la Sierra Nevada. Este diario estableció que detrás de esa fake news hubo una estrategia de inteligencia que contó con apoyo de agencias de Estados Unidos. La apuesta era provocar una reacción del capo o de sus alfiles más cercanos que permitiera ubicarlos a través del seguimiento a sus comunicaciones. Y eso pasó. Pérez Toncel utilizó sus propios canales para desmentir su muerte y arremeter contra los medios de comunicación. Ese movimiento abrió una ventana de oportunidad para quienes lo buscaban.Los investigadores comenzaron a cruzar la información obtenida a través de medios técnicos aportados por Estados Unidos con el reporte de una fuente humana que terminó confirmando que el jefe de ‘los Pachenca’ había llegado a una de las casas seguras que solía usar en Riohacha. Según varias fuentes, personal norteamericano estaba apoyando las labores de inteligencia en La Guajira desde hace más de una semana.El desenlace lo reveló EL TIEMPO a las 5 de la mañana del viernes: los grupos especiales de la Dijín asaltaron la casa y se encontraron con la resistencia del capo y de dos de sus escoltas. ‘Bendito Menor’ murió empuñando una pistola Glock modificada. Los guardaespaldas y la pareja del criminal también fueron abatidos.Bendito Menor exhibiendo el arma. Foto:CortesíaA los 26 años, de los que al menos ocho los pasó en estructuras criminales de alto impacto en el Caribe, cayó Pérez Toncel, el jefe de bandas que posaba de influencer y sobre el que pesaban cinco órdenes de captura y una recompensa de mil millones de pesos que serán entregados al informante que entregó la ubicación final de ‘Bendito Menor’.El que es hasta ahora el resultado más visible de la nueva política de seguridad que se vive en el país por el cambio de gobierno tuvo, además de la clara orden presidencial de pasar a la ofensiva contra el crimen, un factor clave: el renovado apoyo de la inteligencia estadounidense. Información aportada por las agencias de ese país, según fuentes policiales y militares, fue también determinante en el bombardeo del lunes 31 de agosto en zona rural de Miraflores, Guaviare, en el que cayeron 24 integrantes de la banda de ‘Mordisco’.Entre los muertos está alias Tigre, señalado de participar en homicidios y reclutamiento de menores, y a quien el propio Presidente acusó de imponer el denominado “voto fusil” en esa región del país. Por el número de integrantes afectados, ese ataque se convirtió en uno de los golpes de mayor dimensión contra una estructura armada en los últimos 11 años. De La Espriella llegó al poder después de hacer de la “mano dura” contra los grupos criminales uno de los ejes de su campaña, y desde el 7 de agosto las primeras decisiones han estado dirigidas a devolver capacidad ofensiva a las Fuerzas Militares y de Policía. Los bombardeos y la cacería contra las cabezas de las organizaciones armadas son fundamentales en la estrategia. El Gobierno se fijó la meta de completar 15 operaciones aéreas y la caída de al menos cinco objetivos de alto valor antes de cumplir 100 días. A esa ofensiva operacional se suman los traslados de más de 400 internos considerados de alta peligrosidad desde diferentes centros penitenciarios, además de 702 capturas de integrantes de estructuras señaladas por el Ejecutivo como “terroristas”, más de 50.000 municiones incautadas, alrededor de 14 toneladas de cocaína decomisadas y 427 artefactos explosivos destruidos.Bombardeo en Guaviare. Foto:CortesíaEl general en retiro Guillermo León, presidente de Acore, ubica en la inteligencia uno de los cambios centrales. “Lo primero que destacaría es que hoy hay liderazgo político”, señala, y destaca que De La Espriella ha plasmado en decisiones de gobierno varios de los compromisos que había planteado durante la campaña. Puntualmente, dice que restablecer los canales de cooperación con Estados Unidos y recomponer relaciones con Israel son movidas que tienen efectos concretos en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad colombianas, tanto en inteligencia como en entrenamiento y capacidades logísticas.De hecho, la visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, hizo parte de ese proceso. Estuvo en Tumaco y Tolemaida, donde revisó capacidades y mecanismos de cooperación. En Tumaco se trabaja sobre sistemas de vigilancia y radares, mientras que en Tolemaida se evaluaron aeronaves y helicópteros que permanecían en tierra o requerían procesos de mantenimiento.Jefe del Comando Sur de EE. UU., Francis L. Donovan, en su visita a Colombia. Foto:X: @SouthcomEl Gobierno también se matriculó en nuevas iniciativas regionales contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y ha buscado fortalecer el intercambio de información sobre estructuras que delinquen entre Colombia, Venezuela, Centroamérica y otras zonas del continente. Ese componente internacional tiene una explicación concreta: los grupos armados colombianos ya no delinquen solamente dentro del territorio nacional. Sus redes financieras, sus proveedores, sus corredores de movilidad y parte de sus retaguardias cruzan fronteras. De ahí que la estrategia de seguridad busque incorporar la cooperación internacional como una pieza de la ofensiva.Las fuentes señalan que en esa cooperación internacional aún falta un elemento central: la verdadera cooperación de Venezuela en la lucha contra el crimen organizado colombiano.No obstante la caída de Nicolás Maduro y el claro alineamiento del régimen de Delcy Rodríguez con las políticas de Washington, militares y policías colombianos siguen esperando información y cooperación real para poder golpear a las bandas armadas colombianas, especialmente al Eln, que por más de un cuarto de siglo fue protegido por el chavismo. Norte de Santander y Arauca siguen sintiendo los efectos de esa ‘caja negra’ que representa el país vecino para las autoridades colombianas.Siendo esto así, el general León confía en que los resultados en seguridad empezarán a verse pronto en todas las regiones, gracias al diálogo establecido por la Casa de Nariño con los mandatarios locales y regionales, que en el gobierno Petro fue casi inexistente. El nuevo gobierno ha retomado consejos de seguridad y reuniones territoriales para identificar las dinámicas criminales de cada zona y definir operaciones a partir de esas particularidades. Esa coordinación con las autoridades regionales permite establecer qué estructuras dominan una zona, cuáles economías las financian, qué corredores utilizan y dónde debe concentrarse la Fuerza Pública. Esa articulación será determinante en regiones donde distintos grupos se disputan territorios o donde el Estado mantiene una presencia intermitente.Armas incautadas en la operación de bombardeo contra 'Calarcá'. Foto:Cortesía‘Retoma del control’La lectura que hacen varios expertos es que, más allá de las cifras, el primer movimiento consistió en devolver iniciativa a la Fuerza Pública. Daniel Mejía, experto en temas de seguridad, considera que ese es el principal cambio de las primeras semanas. “Lo más importante de lo que hemos visto en este primer mes es la retoma del mando y control en las operaciones de la Fuerza Pública y el regreso de la iniciativa para realizar operaciones militares”, señala.Durante la política de ‘paz total’, los ceses al fuego y las negociaciones limitaron el margen para ejecutar operaciones claves contra estructuras armadas. Ese escenario cambió con la nueva administración. Policía, Ejército, Armada y Fuerza Aérea volvieron a intensificar capturas, ataques contra economías ilícitas, operaciones contra campamentos y acciones ofensivas que durante varios periodos habían estado condicionadas por los procesos de negociación.Para Mejía, lo que se observa en este momento es una etapa de contención. El Gobierno está utilizando las capacidades que ya existen para recuperar terreno operacional, pero después deberá presentar una política de seguridad que vaya más allá de los 100 días.El Gobierno empezó entonces a reorganizar el tablero por varios frentes. Primero retomó la iniciativa militar, policial y judicial. Después dio por terminadas tres mesas de negociación. Al mismo tiempo, reactivó solicitudes de extradición contra integrantes de grupos armados y comenzó a identificar los territorios donde habrá una mayor concentración de operaciones.El presidente Abelardo De La Esperilla y la cúpula militar entregan resultados del tercer bombardeo. Foto:CortesíaLa decisión de volver a emplear bombardeos hace parte de ese cambio. En la primera década del siglo, el poder aéreo logrado gracias al Plan Colombia fue clave no solo para revertir el curso del conflicto armado, sino para forzar a las Farc, la guerrilla más grande y poderosa del hemisferio, a una negociación que terminó en el desmonte de su marca criminal gracias al acuerdo de paz del 2016.Con De La Espriella, esa capacidad volvió a ocupar un lugar clave dentro de la estrategia de seguridad, perdido, junto con otras capacidades fundamentales en la lucha contra el crimen, en los cuatro años de la ‘paz total’ de Petro. La renovación de la cúpula militar y policial fue otro de los movimientos del primer mes. El Gobierno reorganizó los mandos con la intención de alinear la estructura operacional con la estrategia que comienza a ejecutar. La apuesta es que la nueva cúpula permita reorganizar capacidades de investigación, inteligencia y operación, pero también recuperar presencia institucional en zonas donde la criminalidad común y organizada ha aumentado.Otra decisión fue clasificar como “terroristas” a los principales grupos armados. Esa denominación busca ampliar las herramientas del Estado para perseguirlos y ubicar sus redes dentro y fuera del país. Al mismo tiempo, el Ejecutivo busca endurecer las medidas contra cabecillas que continúan manejando actividades criminales desde las cárceles. Entre los casos más visibles están ‘Negro Ober’ y ‘Digno Palomino’, señalados de mantener influencia sobre redes de extorsión en Barranquilla y quienes serán de los primeros en llegar a los buques cárcel, con el objetivo de incomunicarlos de sus estructuras.La lucha contra las economías ilícitas también regresó al centro de la agenda. El Gobierno tumbó la resolución de la era Santos que impedía la fumigación aérea con glifosato y abrió nuevamente la posibilidad de utilizar esa herramienta contra los cultivos de uso ilícito.El mensaje es que la política no se limitará a perseguir hombres armados. Narcotráfico, minería ilegal, extorsión, contrabando y lavado de activos constituyen la estructura financiera que permite a esos grupos sostener hombres, armas, explosivos, redes de información y control territorial.Soldados en una operación militar. Foto:CortesíaAhí aparece uno de los mayores desafíos: convertir los golpes militares en una estrategia que ataque simultáneamente los recursos con los que sobreviven las organizaciones. Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, advierte que una operación contra un campamento puede producir un efecto inmediato, pero no necesariamente altera la estructura criminal de fondo: “Una estrategia de seguridad necesita también una estrategia de judicialización. Necesita una interlocución con autoridades locales y con comunidades”.La contraofensivaEl aumento de las operaciones también ha comenzado a generar una respuesta de los grupos armados. La noche del lunes 31 de agosto, el mismo día del bombardeo en Guaviare, un carro bomba explotó contra una estación de Policía en Los Patios, Cúcuta. El ataque dejó un civil muerto y 11 personas heridas. Las autoridades lo atribuyeron al Eln y analizan información según la cual detrás de la acción estaría alias Silvana.Más allá de la autoría, el atentado abrió preguntas sobre inteligencia preventiva. Uno de los datos conocidos es que el vehículo utilizado habría permanecido parqueado durante varios días en la zona antes de la explosión. Que un automotor preparado para un ataque pudiera permanecer cerca de un objetivo policial sin ser detectado expuso una vulnerabilidad que ahora está bajo revisión. Los drones constituyen otro frente. Fuentes consultadas señalan que durante este primer mes se han registrado más de 30 ataques con aeronaves no tripuladas, principalmente en Cauca, Tolima, Norte de Santander y Cesar. La modalidad ya no es marginal. Las estructuras utilizan drones comerciales modificados para lanzar explosivos, reconocer instalaciones y seguir movimientos de tropas. En algunos casos, la Fuerza Pública ha documentado que usan tecnología que supera los sistemas antidrones.Atacaron con drones cargados con artefactos explosivos el batallón de Ocaña, en Norte de Santander Foto:Cortesía.En medio de esa ofensiva aparece otro problema que los expertos consideran determinante: la inteligencia. Las Fuerzas Militares y la Policía conservan sus propias estructuras, pero una estrategia contra organizaciones que combinan hombres armados, redes financieras, narcotráfico, movimientos transfronterizos, minería ilegal y lavado de activos necesita información proveniente de otras entidades del Estado. “Hay que recuperar unas capacidades de manera rápida, y es toda la estructura de inteligencia”, sostiene Guillermo León.Su llamado apunta a la Dirección Nacional de Inteligencia, pero incluye también a Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección y la Unidad de Información y Análisis Financiero. La razón es que los movimientos de una organización armada no se detectan únicamente con vigilancia militar. También aparecen en flujos de dinero, desplazamientos de personas, compras, redes empresariales y pasos fronterizos.La DNI ocupa un lugar central en esa discusión. El Gobierno aún debe completar la conducción de una entidad llamada a articular inteligencia estratégica de las Fuerzas y producir información para la toma de decisiones de Estado.La necesidad se hace más visible después de episodios como el atentado de Los Patios o frente a operaciones en las que pueden encontrarse menores reclutados dentro de campamentos. Ese último asunto abrió el primer choque jurídico de la política de bombardeos.Un juzgado de Bogotá impuso una medida provisional que obliga al Gobierno y a las Fuerzas Militares a abstenerse de ejecutar ataques cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable de que en el objetivo permanecen niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por estructuras armadas. La decisión pone un límite a una de las herramientas que el Gobierno pretende utilizar con mayor frecuencia y anticipa una discusión que acompañará varias de las próximas operaciones.El presidente Abelardo De La Espriella en consejo de seguridad en Cúcuta. Foto:Fuerzas MilitaresLos grupos armados han reclutado menores durante décadas y los utilizan para vigilancia, inteligencia, transporte de material, combate y otras funciones. Pero esa utilización no elimina su condición de víctimas.El desafío estará en construir inteligencia suficientemente precisa para diferenciar escenarios, identificar presencias y adoptar decisiones antes de una operación. Duván Castañeda, consultor en seguridad, considera que la discusión no puede reducirse a escoger entre ofensiva militar y protección jurídica. “La eficacia militar y el respeto por el derecho internacional humanitario no son objetivos contradictorios; por el contrario, la legitimidad jurídica es una condición para que la actual política de seguridad nacional sea sostenible”, afirma.Bombardeo de las FF. MM. al Eln en Catatumbo. Foto:FF. MM.Para Melissa Franco, experta en seguridad, el reto será convertir los golpes operacionales en control y consolidación territorial. Eso implica que la acción militar esté acompañada de presencia institucional, alternativas frente a las economías ilícitas, coordinación entre la Nación, gobernaciones y alcaldías, y recursos suficientes para fortalecer las capacidades. “Bajo esa lógica, el resultado de la política no debería medirse únicamente por capturas, incautaciones o bajas, sino por la capacidad del Estado para permanecer en los territorios, proteger a las comunidades y evitar que las estructuras criminales vuelvan a ocupar los espacios afectados por las operaciones”.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.