Investigación Exclusivo suscriptores Dice que el reclutamiento de menores se disparó en un 300%. Y asegura que lo que pide son protocolos.Ower Jimmy Borda Parra, el abogado que presentó la tutela. Foto: Archivo particular03.09.2026 18:50 Actualizado: 03.09.2026 20:03
Un exinspector de Policía, excontratista de la Unidad Nacional de Protección y abogado litigante, puso en jaque, al menos temporalmente, uno de los pilares de la estrategia de seguridad que empezó a desplegar el gobierno de Abelardo De La Espriella.Mediante una acción de tutela, el abogado Ower Jimmy Borda Parra, logró que el juzgado 34 de familia de Bogotá, ordenara que se suspendan operaciones aéreas ofensivas contra grupos guerrilleros si se tiene información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores de edad. LEA TAMBIÉN ¿Qué está buscando?El bombardeo se dio en Catatumbo contra el Eln. Foto:CortesíaLa decisión es una medida cautelar que debe mantenerse, mientras el juzgado toma una determinación de fondo.La Unidad Investigativa de EL TIEMPO se comunicó con Borda Parra, quien empezó por asegurar que no tiene ninguna cercanía con el expresidente Gustavo Petro ni con su proyecto político, a pesar de que tuvo un contrato en la Secretaría de Ambiente cuando este era alcalde de Bogotá."Lo que se busca con la tutela es proteger por todas las vías a los menores de edad que sean víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos criminales o que terminen siendo víctimas de bombardeos en la lucha contra estas estructuras", aseguró Borda Parra.Borda, quien ha tenido contratos con la Anla en 2012 y la UNP en 2022, para apoyar a la oficina jurídica; y que también aparece en procesos contra la Procuraduría, la Fiscalía , la Registraduría y hasta la Alcaldía de Bogotá, también dijo que el propósito es que se habiliten de acuerdo con normas internacionales para minimizar que menores de edad terminen muertos en bombardeos.En la tutela argumentó que el reclutamiento de menores ha crecido cerca de un 300 por ciento. De hecho, las medidas cautelares se conocen después de un bombardeo, el 27 de de agosto, que dejó 10 integrantes de disidencias de las Farc, muertos entre ellos 3 menores de edad, y un capturado. LEA TAMBIÉN ¿Presión indebida?Bombardeo en Guaviare. Foto:CortesíaEl abogado bogotano, que dijo ser más cercano al ideario de Antanas Mockus, también señaló que el interés superior y los derechos de los niños están por encima de estas operaciones militares y que los ministerios de Defensa y del Interior, el Ejército y de las Fuerzas Militares, deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su protección. "No se puede caer en la presión indebida del ejecutivo por mostrar resultados rápidos sin tenerse en cuenta a los menores", señaló Borda.Y agregó que se debe fortalecer la inteligencia de la Fuerza Pública en los temas operativos para determinar si hay o no menores de edad. LEA TAMBIÉN Este es el trino del ministro Rodrigo Lara sobre el fallo. Foto:xEl ministro del Interior, Rodrigo Lara, ya anunció que desde el Gobierno apelaran la decisión."Los fallos de la justicia se respetan, pero también pueden - y deben - ser objeto de crítica. Ordenar la abstención de una operación aérea cuando exista información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” sobre la presencia de menores reclutados establece un criterio de una amplitud extraordinaria. ¿Qué significa, en términos operacionales, “razonablemente verificable”? ¿Un indicio? ¿Una fuente? En ese supuesto todo es plausible", aseguró Lara. Y agregó: "En un conflicto en el que los grupos armados reclutan y utilizan criminalmente a menores de edad, un estándar tan abierto termina haciendo materialmente imposible el empleo de bombardeos aéreos. Si ese es el efecto práctico de la decisión, habría sido más sencillo prohibir los bombardeos. Los menores deben ser protegidos con el máximo rigor. Y así lo viene haciendo y lo hará este gobierno. Pero convertir su reclutamiento criminal en un mecanismo que termine otorgándoles inmunidad territorial a los narcoterroristas, termina siendo un incentivo perverso y peligrosísimo. Este fallo absurdo e inconstitucional, será apelado".Las partes tienen 48 horas para presentar recursos contra la decisión.UNIDAD INVESTIGATIVAu.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaETSíganos ahora en Facebook Sigue toda la información de Unidad Investigativa en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
