La democracia no funciona sola. Necesita partidos políticos fuertes, con ideas, con militancia y, sobre todo, con independencia de los poderes económicos. Cuando esa independencia se pierde, lo que está en juego no es una elección: es quién lidera los procesos políticos en Argentina. La Constitución es clara al definir a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático. Eso significa que la democracia no puede sostenerse sin organizaciones con vida interna, capacidad de representar intereses sociales y autonomía real frente al poder económico. Esto no implica negar sus deficiencias, que no son pocas. Pero empujar hacia su privatización es el preludio de un debilitamiento extremo de su capacidad de representar a la sociedad en su conjunto y de impulsar transformaciones virtuosas. El proyecto de reforma electoral del gobierno de Javier Milei avanza en esa dirección. Reconfigura el sistema reduciendo el peso relativo del financiamiento estatal y ampliando el rol del financiamiento privado en las campañas. Bajo el argumento del “ahorro”, en realidad cambia las reglas del juego. Porque cuando el financiamiento queda en manos privadas, la competencia política deja de ser entre proyectos y pasa a ser entre billeteras.