Explicativo Exclusivo suscriptores El diagnóstico advierte que la transformación de los grupos armados obliga a replantear la manera en que el Estado enfrenta el conflicto.Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo EL TIEMPO / Agencias02.09.2026 22:30 Actualizado: 03.09.2026 07:41
La nueva estrategia de seguridad del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella debería ir más allá de recuperar por la fuerza los territorios que hoy se disputan los grupos armados ilegales y concentrarse también en garantizar que el Estado pueda permanecer en ellos una vez restablecido el control.Esa es una de las principales conclusiones de un nuevo informe de la US-Colombia Strategic Alignment Coalition del Atlantic Council, que propone aprovechar la nueva etapa de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, y particularmente el paquete de asistencia por US$1.000 millones anunciado por Washington, para combinar las operaciones de seguridad con inversiones rurales, protección de las comunidades y fortalecimiento institucional en las regiones más afectadas por el conflicto. LEA TAMBIÉN La propuesta fue anunciada por Washington el pasado 7 de agosto, el mismo día de la posesión de De La Espriella, y todavía debe ser tramitada con el Congreso estadounidense. Uno de sus pilares está dirigido precisamente a recuperar, mantener y construir la presencia estatal en las regiones donde operan las organizaciones ilegales.En ese contexto, buena parte de las recomendaciones del nuevo informe están orientadas a cómo Colombia y EE. UU. podrían utilizar esos nuevos recursos para que los avances militares y policiales vayan acompañados de instituciones civiles, servicios básicos, infraestructura, protección de las comunidades y alternativas económicas.La US-Colombia Strategic Alignment Coalition fue creada por el Atlantic Council para formular recomendaciones que permitan actualizar y modernizar la relación bilateral en temas de seguridad, economía y gobernabilidad. Es sucesora de la US-Colombia Task Force, establecida originalmente en 2017 bajo el liderazgo bipartidista del Senado estadounidense.La coalición reúne a antiguos altos funcionarios y diplomáticos de ambos países, así como a expertos en seguridad, desarrollo y en el sector privado.Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia. Foto:Claudia Rubio. EL TIEMPOEntre sus integrantes más destacados están Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia; la general retirada Laura Richardson, excomandante del Comando Sur; Paula Dobriansky, exsubsecretaria de Estado para Asuntos Globales; Kimberly Breier, exsecretaria adjunta de Estado para el Hemisferio Occidental; y Carlos Díaz-Rosillo, exsubsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental.Por Colombia participan, entre otros, la excanciller y exembajadora en Washington Carolina Barco; el exministro de Defensa y exembajador Luis Carlos Villegas; el exvicepresidente y exdirector de la Policía Nacional Óscar Naranjo; Bruce Mac Master, presidente de la ANDI; María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz; y la consultora Muni Jensen.El diagnóstico de ese grupo se basa en una realidad que, según el informe, se ha agravado en los últimos años.¿Por qué el informe sostiene que el conflicto en Colombia ha cambiado? A diferencia de otras etapas del conflicto colombiano, el país enfrenta ahora un panorama mucho más fragmentado, con múltiples organizaciones armadas que se dividen, forman alianzas y compiten por territorios, corredores estratégicos y las rentas que generan economías tanto legales como ilegales. LEA TAMBIÉN De acuerdo con un estudio de la Fundación Ideas para la Paz citado por el Atlantic Council, el número de integrantes de los principales grupos armados pasó de 15.120 a finales de 2022 a 28.802 en julio de 2026. Durante un período similar, las zonas del país donde distintas organizaciones se disputaban directamente el control territorial se duplicaron, al pasar de siete a catorce.En numerosas regiones, además, esas organizaciones actúan, en la práctica, como autoridades paralelas, imponiendo restricciones a la movilidad, extorsionando a las comunidades y controlando tierras, minas, rutas de transporte y actividades económicas.Solo en 2025, Naciones Unidas registró 416 restricciones al acceso humanitario, un incremento del 13 por ciento respecto al año anterior, mientras que más de 170.000 personas fueron sometidas a confinamientos. El informe también cita datos de UNICEF según los cuales los grupos armados reclutan o utilizan, en promedio, a un menor cada 20 horas.Para la coalición, la conclusión es que debilitar a esas organizaciones y recuperar territorio constituye apenas una parte de la tarea. Reducir de manera duradera su control requiere que el Estado llegue a esos territorios y, sobre todo, pueda permanecer en ellos.El estudio plantea cuatro grandes líneas de acción.Debilitar a esas organizaciones y recuperar territorio constituye apenas una parte de la tarea Foto:EFEProteger a las comunidades en las zonas en disputa La primera recomendación es fortalecer la capacidad del Estado para proteger a la población en las catorce zonas donde existe una competencia particularmente intensa entre organizaciones armadas y que, según las cifras citadas por el informe, concentran cerca del 80 por ciento de los impactos humanitarios relacionados con desplazamientos, confinamientos y restricciones a la movilidad y al acceso humanitario.Parte de la nueva cooperación estadounidense podría destinarse a mejorar los sistemas seguros de comunicación e intercambio de información para que las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo se traduzcan más rápidamente en acciones de protección.También propone ampliar la capacidad de movilidad aérea y fluvial para llegar a comunidades aisladas por paros armados, retenes ilegales o enfrentamientos, y fortalecer los equipos y el entrenamiento para detectar y neutralizar minas y explosivos.Del lado colombiano, plantea aumentar la presencia y las capacidades de los Carabineros de la Policía Nacional en las zonas rurales recuperadas de los grupos ilegales y mejorar su coordinación con las unidades de inteligencia y judiciales. LEA TAMBIÉN Llevar inversión y oportunidades económicas detrás de la seguridad La segunda recomendación apunta directamente al fortalecimiento de la presencia civil del Estado.El Atlantic Council sostiene que Colombia no tiene que comenzar desde cero y propone aprovechar los proyectos que las propias comunidades ya identificaron en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).Como parte de los planes derivados del Acuerdo de Paz de 2016 fueron identificadas 33.007 iniciativas en 170 municipios particularmente afectados por el conflicto, la pobreza y la debilidad institucional. Sin embargo, hasta marzo de 2025, solo 18.501, equivalentes al 56 por ciento, contaban con una ruta de implementación activa.A finales de 2025, además, la Agencia de Renovación del Territorio tenía identificados 3.436 proyectos estructurados que aún carecían de financiación.El país enfrenta ahora un panorama mucho más fragmentado, con múltiples organizaciones armadas. Foto:JUAN PABLO RUEDA BUSTAMANTELa propuesta consiste en seleccionar entre ellos proyectos compatibles con las prioridades del nuevo gobierno, incluidos caminos rurales, puentes, transporte fluvial, sistemas de riego y drenaje, agua potable, salud y educación.Algunos podrían recibir recursos de la nueva asistencia estadounidense, particularmente aquellos que coincidan con el objetivo de Washington de promover inversiones económicas en regiones de alto riesgo como parte de la estrategia para recuperar, mantener y construir presencia estatal.El informe también recomienda ampliar el uso de Obras por Impuestos, un mecanismo mediante el cual las empresas pueden destinar parte de sus obligaciones tributarias a proyectos de inversión pública en las zonas afectadas por el conflicto.La coalición destaca, en ese sentido, la propuesta del vicepresidente José Manuel Restrepo de aumentar hasta cinco veces el valor anual de los proyectos que pueden ejecutarse mediante ese mecanismo. LEA TAMBIÉN Usar recursos estadounidenses que ya están disponibles La tercera recomendación distingue entre el futuro paquete de US $1.000 millones y recursos que el Congreso estadounidense ya aprobó para Colombia.En febrero de 2026, el Congreso destinó US$15 millones a actividades relacionadas con los derechos humanos y otros US$25 millones para apoyar a las comunidades afrocolombianas e indígenas, aunque aún no se ha anunciado una estrategia específica para ejecutar esos fondos.La coalición plantea que parte de esos recursos podría destinarse a fortalecer la presencia estatal y generar oportunidades económicas en las zonas rurales.En particular, propone destinar parte de los US$25 millones a la reconstrucción de las comunidades del Pacífico afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, mediante inversiones en agua y saneamiento, electricidad, centros educativos y de salud, conectividad, carreteras y transporte fluvial.La última recomendación se concentra en el reclutamiento infantil. Foto:Gobernación de Antioquia.Los recursos para los derechos humanos, por su parte, podrían destinarse a mejorar la protección de líderes sociales y comunitarios, fortalecer los mecanismos para documentar amenazas y apoyar a organizaciones civiles que trabajan en zonas de conflicto.Frenar el reclutamiento de menores La última recomendación se concentra en el reclutamiento infantil, que la coalición vincula directamente con la débil presencia estatal y la falta de oportunidades educativas y económicas en muchas de las regiones afectadas por el conflicto.El documento recomienda aprovechar la Ley 2590, aprobada en julio de este año, que ordena desarrollar un plan nacional contra el reclutamiento, crear un observatorio para consolidar la información sobre los riesgos y establecer protocolos nacionales y locales de respuesta.La propuesta es que la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado (INL) preste asistencia técnica a instituciones colombianas, como la Policía y la Fiscalía, para mejorar la recopilación y el intercambio de información. LEA TAMBIÉN Una prioridad sería identificar mejor el uso creciente de las redes sociales por parte de los grupos armados para atraer a menores mediante falsas ofertas de trabajo e ingresos.Recuperar, pero también permanecer La conclusión del informe es que Colombia enfrenta un conflicto distinto al de décadas anteriores.El desafío ya no consiste principalmente en lograr la desmovilización de una gran organización insurgente, sino en enfrentar un mosaico de grupos que compiten por territorios, administran economías ilícitas y ejercen autoridad en regiones donde las instituciones estatales siguen siendo débiles.Las operaciones militares y policiales pueden abrirle al Estado las puertas de esos territorios. Pero, según la coalición, consolidar esas victorias requiere fortalecer las instituciones públicas y los gobiernos locales, construir infraestructura, avanzar en la formalización de tierras, atraer inversión privada y ampliar las oportunidades económicas legales. LEA TAMBIÉN Es allí donde el grupo considera que la nueva cooperación con Washington puede resultar determinante. Aunque el paquete de US$1.000 millones todavía debe abrirse camino en el Congreso, el informe propone desde ahora una hoja de ruta para que, si esos recursos son aprobados, no se concentren exclusivamente en recuperar territorio, sino también en construir las condiciones necesarias para que el Estado colombiano pueda quedarse en él.SERGIO GÓMEZ MASERI - Corresponsal de EL TIEMPO - Washington @sergom68 Sigue toda la información de Internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
