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En Colombia, día a día se ven ejemplos en los que la vida de los ciudadanos podría ser más sencilla si se implementaran adecuadamente los medios tecnológicos: un campesino que viaja tres horas para obtener un certificado que el Estado ya tiene, una madre que pierde una jornada laboral para reclamar una autorización o un emprendedor que debe llevar el mismo documento a varias entidades.
Ese tiempo invertido en trámites, filas, impresión de documentos y múltiples solicitudes no es un caso particular. Muestra que la brecha digital también se mide en tiempo perdido, oportunidades aplazadas y desconfianza acumulada. Por eso, las tecnologías de la información y las comunicaciones no pueden reducirse a una lista de plataformas: deben convertirse en infraestructura pública para ejercer derechos y hacer que las instituciones funcionen.
