Noticia Exclusivo suscriptores También halló un incumplimiento en 33 de 39 recomendaciones sobre riesgo armado en Cúcuta.Ataque con carro bomba en la estación de Policía de Cúcuta. Foto: Redes sociales.01.09.2026 08:56 Actualizado: 01.09.2026 08:56
Un informe de seguimiento a la Alerta Temprana 027-2024 revela que de 39 recomendaciones formuladas por la entidad, la respuesta estatal apenas alcanza un cumplimiento promedio bajo, mientras homicidios, masacres, desplazamientos y reclutamiento de menores continúan en ascenso en Cúcuta, Puerto Santander, Villa del Rosario y Los PatiosEsto tras el atentado con un carro bomba que habría cometido el Eln a una estación de Policía en Los Patios, Norte de Santander y que dejó una persona muerta y 11 heridas, entre ellas dos uniformados.La Defensoría del Pueblo concluyó que el escenario de riesgo advertido desde diciembre de 2024 en el área metropolitana de Cúcuta no solo se mantiene, sino que tiende a expandirse territorialmente, según el Informe de Seguimiento 026-2026 a la Alerta Temprana Estructural N° 027-2024, fechado el 8 de agosto de 2026 y correspondiente a los municipios de San José de Cúcuta, Puerto Santander, Villa del Rosario y Los Patios, en Norte de Santander."Se documentaron prácticas de extrema violencia, entre ellas el desmembramiento de cuerpos, lo cual refleja un escalamiento en los niveles de crueldad y en los mecanismos de intimidación empleados por estructuras de criminalidad organizada", dice el informe.Atentado en Cúcuta. Foto:Redes sociales.El documento, elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la entidad, señala que los dos principales escenarios de riesgo identificados en la Alerta original se han afianzado. Por un lado, el Eln fortaleció su presencia en San José de Cúcuta a través del Frente Urbano Reinaldo Ardila Gómez y mantiene el dominio territorial en zonas rurales de Cúcuta y Puerto Santander. Por otro, la criminalidad organizada continúa sosteniendo repertorios de violencia como el sicariato, la extorsión, el tráfico de armas, el microtráfico, la trata de personas y el tráfico de migrantes en San José de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, con presencia de estructuras transnacionales como el Tren de Aragua y los AK-47.El informe también documenta la consolidación de un nuevo actor armado en la ciudad: el Frente 33, disidencia de las Farc, cuya confrontación con el Eln en la región del Catatumbo —iniciada el 16 de enero de 2025— se ha extendido hacia el entorno urbano de Cúcuta, generando alianzas entre las disidencias del Frente 33 y estructuras criminales locales para enfrentar al ELN. En ese contexto se produjo el traslado forzado, por motivos de seguridad, del ETCR Caño Indio, ubicado en Tibú, hacia la zona rural de Cúcuta-Oripaya.En materia de homicidios, la base de datos SIEDCO de la Policía Nacional registró 386 casos en el área metropolitana de Cúcuta durante 2024, de los cuales 290 ocurrieron en San José de Cúcuta. En 2025 la cifra subió a 444 homicidios, un incremento del 15,0 % respecto al año anterior. Con corte al 17 de junio de 2026 se contabilizaban 194 homicidios en el área metropolitana, con aumentos frente al mismo periodo de 2025 en El Zulia, Los Patios, Puerto Santander y Villa del Rosario. El informe documenta también prácticas de extrema violencia, entre ellas desmembramientos de cuerpos, y el homicidio del líder social Luis Alfonso Toro el 21 de julio de 2025 en el Anillo Vial Occidental de Cúcuta.Ataque con carro bomba en la estación de Policía de Cúcuta. Foto:Redes sociales.La Defensoría registró además cuatro masacres en 2024, previas a la Alerta, y dos en 2025: la primera el 1 de agosto en el Parque Lineal, con un saldo de tres personas fallecidas y seis heridas entre población en condición de calle; la segunda el 7 de septiembre en el barrio Nueva Ilusión, con tres víctimas mortales. Para 2026 el informe reporta cuatro masacres adicionales en Cúcuta: el 6 de enero en el Anillo Vial Occidental, el 23 de abril en el barrio El Talento, el 3 de mayo nuevamente en el Anillo Vial Occidental y el 8 de junio en la zona rural, hecho en el que murió el líder comunal William Geovanny López González, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Delicias.El desplazamiento forzado también se mantiene como una de las principales afectaciones. Según el Puesto de Mando Unificado de Norte de Santander, con corte al 13 de enero de 2026 se registraban 91.000 casos de desplazamiento forzado en el departamento, 44.835 de ellos concentrados en Cúcuta, ciudad receptora de población desplazada por la confrontación armada en el Catatumbo. El informe documenta igualmente el uso de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, así como amenazas contra líderes sociales, presidentes de Juntas de Acción Comunal, periodistas, comerciantes, funcionarios públicos, habitantes de calle y población con orientación sexual e identidad de género diversas.Sobre el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la Defensoría documentó, en el primer trimestre de 2026, dos casos de reclutamiento forzado en la zona urbana de Cúcuta —en uno de los cuales la víctima habría muerto en la confrontación entre el ELN y el Frente 33—, además de cuatro situaciones de riesgo en la zona rural de Cúcuta y un caso en Villa del Rosario.Frente a esta situación, el informe evalúa el nivel de cumplimiento de las 39 recomendaciones formuladas a distintas entidades del Estado mediante un Índice de Respuesta Estatal (IRE) por eje temático. El eje de disuasión del contexto de amenaza, con ocho recomendaciones, registró el mayor cumplimiento con un IRE del 57 %. Le siguen investigación y acceso a la justicia con 51 %, coordinación y articulación interinstitucional para la respuesta rápida con 27 %, y prevención y protección con apenas 26 %. Las medidas para la asistencia y acción humanitaria integral alcanzaron solo 10 %, y el acompañamiento y las gestiones preventivas del Ministerio Público no registró ningún avance, con un IRE del 0 %."De las 39 recomendaciones formuladas en el marco de la Alerta Temprana, 19 fueron concebidas para la adopción de medidas de prevención y protección con un IRE de solo 26% donde cinco recomendaciones no contaron con respuesta por parte de la Gobernación de Norte de Santander y entidades de orden nacional", dice el informe.Investigadores inspeccionan la estación de policía luego de que un coche bomba fuera detonado. Foto:EFELa Defensoría del Pueblo calificó la respuesta estatal como pendiente de cumplimiento, al considerar que, aunque contribuyó a la atención inmediata de la población afectada, no logró mitigar el riesgo derivado de la presencia de grupos armados ilegales en la zona, por lo que las amenazas contra la población civil continúan con probabilidad de agravarse."Preocupa a esta Defensoría la falta de respuesta por parte algunas de las entidades concernidas, especialmente del nivel nacional y departamental. No logró mitigar el riesgo por la presencia de grupos armados ilegales en la zona focalizada, por ende, las amenazas que ello conlleva para la población civil continúan con la probabilidad de exacerbarse", puntualiza el informeA partir de este diagnóstico, el informe reiteró las recomendaciones dirigidas a las entidades del Estado.Redacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
