El caso Triple A terminó con una decisión que no solo alcanzó a personas naturales. El Tribunal de Garantías Penales declaró la culpabilidad de seis empresas y ordenó su clausura definitiva y disolución. Se trata de Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Fuelcorp, Indudiésel y Harsajudi, compañías que, según la acusación acogida por la mayoría de los jueces, fueron utilizadas dentro de una estructura que permitió la comercialización ilegal de hidrocarburos.La sentencia determinó que entre 2020 y 2024 fueron desviados 22’777.191,80 galones de diésel y gasolina, lo que habría generado un perjuicio de $ 61’502.658,39 al Estado. El mecanismo identificado consistía en adquirir combustible subsidiado destinado al segmento automotor y posteriormente comercializarlo en los segmentos industrial y naviero internacional, donde se vendía a precios superiores.Las seis compañías deberán pagar, además, una multa de 1.000 salarios básicos unificados cada una. La reparación económica deberá ser asumida solidariamente por los sentenciados a favor de Petroecuador y de la autoridad de control de hidrocarburos.PublicidadCopedesa, la puerta de entrada al combustible subsidiadoLa Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S. A. aparece como una de las piezas centrales de la estructura investigada. Su actividad estaba relacionada con la comercialización minorista de combustibles y contaba con estaciones de servicio.La compañía estuvo vinculada directamente con Aquiles Alvarez, quien fue accionista y representante legal durante parte del periodo investigado. El Tribunal declaró al alcalde de Guayaquil autor directo del delito y estableció que, como representante legal, presidente y accionista mayoritario de Copedesa, Corpalubri y Ternape, tuvo control sobre compañías ubicadas en segmentos considerados claves para la operación. Los registros empresariales muestran además el crecimiento de Copedesa antes de la sentencia. La compañía pasó de reportar ingresos por $ 1,52 millones en 2021 a $ 14,46 millones en 2022 y a $ 53,26 millones en 2023.PublicidadPublicidadDentro de la investigación, Copedesa aparece vinculada a los registros de compra y comercialización del combustible subsidiado. La Fiscalía sostuvo que existían diferencias entre los volúmenes adquiridos, almacenados y posteriormente facturados, mientras que las pericias analizaron si las capacidades físicas de las estaciones podían soportar los movimientos registrados.En la sentencia, el Tribunal concluyó que las compañías no fueron utilizadas únicamente para operaciones comerciales ordinarias, sino que formaron parte de la estructura mediante la cual se produjo la desviación de hidrocarburos. Corpalubri, el brazo de comercializaciónLa Comercializadora de Combustibles Corpalubri S. A. tenía una función distinta dentro de la cadena. Se dedicaba a la comercialización y distribución de combustibles y estuvo vinculada societariamente con los hermanos Alvarez Henriques.La empresa, creada en 2018, registró un crecimiento considerable: sus ingresos pasaron de $ 2,27 millones en 2020 a $ 23,42 millones en 2023.Para la Fiscalía, Corpalubri formaba parte del circuito que permitía que el combustible obtenido inicialmente bajo condiciones subsidiadas terminara en segmentos diferentes a aquellos para los que estaba autorizado.Uno de los elementos expuestos durante el juicio fue la existencia de operaciones entre compañías del mismo entramado empresarial y otros operadores investigados. La defensa de Corpalubri, al igual que la de otras compañías, sostuvo durante el juicio que las comercializadoras actuaban como intermediarias dentro de la cadena y que no podían responder por el destino que terceros dieran al combustible.PublicidadEl Tribunal, sin embargo, declaró responsable a Corpalubri como persona jurídica y ordenó su clausura y disolución. Ternape y los casi 10 millones de galones que no cuadrabanTerminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S. A. es una de las empresas que dejaron uno de los mayores interrogantes del expediente.Entre enero de 2020 y septiembre de 2024, Petroecuador despachó a Ternape 66’034.174 galones de diésel industrial. Sin embargo, la compañía registró la facturación de 56’963.821 galones. La diferencia fue de 9’070.353 galones.La pregunta planteada por la ARCH durante el juicio fue directa: ¿dónde están esos casi 10 millones de galones?El interrogante tomó fuerza porque la capacidad de almacenamiento registrada para Ternape era de 250.000 galones, muy por debajo del volumen que habría quedado sin explicación si se tratara de combustible almacenado.Ternape operaba en el segmento naviero desde el Astillero Esperanza del Mar, en Jaramijó, y abastecía embarcaciones mediante centros de distribución. También aparecen bajo análisis ventas a empresas como Corpalubri, Indudiésel, Bienpetrol y Fuelcorp.La compañía registró además un fuerte crecimiento de ingresos: pasó de $ 2,9 millones en 2020 a $ 46,84 millones en 2023. El Tribunal declaró a Ternape penalmente responsable y ordenó su cierre definitivo y disolución.Fuelcorp, las facturas que no coincidían con los despachosFuelcorp S. A. era otra de las empresas investigadas dentro de la cadena de comercialización. Su crecimiento también llamó la atención: creada en 2022, pasó de registrar ingresos por $ 799.699 ese año a $ 9,44 millones en 2023.Uno de los datos expuestos desde las primeras etapas de la investigación fue que Fuelcorp habría facturado 745.718 galones de diésel adicionales respecto de los adquiridos a Petroecuador.También se identificaron compras a proveedores considerados presumiblemente no autorizados por la autoridad hidrocarburífera.En el expediente inicial aparecía además una operación en la que Gasgrupco facturó a Fuelcorp 2’183.546 galones de diésel, pese a que la Fiscalía cuestionaba la autorización para esa operación.Para la acusación, estas diferencias entre lo despachado, lo adquirido y lo facturado ayudaban a reconstruir el mecanismo de desvío. Fuelcorp terminó entre las seis empresas condenadas y deberá ser clausurada, disuelta y pagar la multa de 1.000 salarios básicos. Indudiésel, el eslabón del transporteIndudiésel S. A. aparece vinculada al componente logístico de la estructura investigada. La empresa estaba relacionada con la distribución y transporte de hidrocarburos y fue incluida desde el inicio entre las compañías procesadas.Su papel resulta relevante porque el caso no se concentró únicamente en quién compraba o facturaba el combustible. La Fiscalía buscó reconstruir también cómo se movía físicamente el producto entre los distintos segmentos.Los registros de comercialización y transporte fueron parte de las pruebas analizadas durante el juicio. La hipótesis fiscal sostenía que el combustible adquirido bajo subsidio podía terminar trasladándose hacia compradores y mercados distintos de los autorizados.Indudiésel fue finalmente declarada penalmente responsable como persona jurídica y el Tribunal ordenó su clausura definitiva. Harsajudi, la sexta empresa en el procesoHarsajudi S. A. completa la lista de las seis empresas declaradas penalmente responsables en el caso Triple A. La compañía, constituida originalmente en Machala para operar estaciones de servicio, aparece dentro del esquema investigado como uno de los puntos utilizados para canalizar despachos de combustible subsidiado y simular su comercialización al por menor.Uno de los elementos centrales del caso fue el mecanismo denominado “cambiazo”. Según lo establecido en el proceso, se utilizaban placas fantasma y usuarios falsos para registrar en los sistemas ventas de grandes volúmenes de diésel como si hubieran sido realizadas a consumidores y vehículos autorizados.En los registros, el combustible aparecía vendido legalmente en el segmento automotor. Sin embargo, la acusación sostuvo que el producto era desviado físicamente hacia el mercado industrial, donde podía comercializarse sin el subsidio estatal y generar una diferencia económica.Harsajudi terminó recibiendo la misma sanción que las otras cinco compañías: clausura definitiva, disolución y una multa de 1.000 salarios básicos unificados. En tanto, la sentencia marca el cierre de una de las principales aristas empresariales del caso Triple A.El director de la ARCH, Christian Puente, sostuvo que la sentencia representa un precedente sobre el uso de empresas como una fachada de legalidad para cometer delitos relacionados con combustibles. La investigación, explicó, nació de controles técnicos realizados por la agencia en 2023, cuando se detectaron comportamientos irregulares que posteriormente fueron llevados al ámbito penal. (I)