Por segundo día consecutivo los abogados de las empresas procesadas en el caso Triple A: Corpalubri S. A., Indusiesel S. A., Ternape S. A. y Copedesa S. A. continuaron presentando la prueba que mantienen para rechazar las acusaciones como colaboradores del tráfico ilegal de combustible que le hace la Fiscalía. Por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución de productos derivados de petróleo son procesadas penalmente el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez, su primo Antonio Viteri y otras 16 personas, además de otras seis personas jurídicas. El sábado último, 18 de julio, por cerca de diez horas, los defensores de estas cuatro empresas presentaron ante la Sala de Juicio y los sujetos procesales tres testimonios, de una lista de 27 que fueron anunciados como parte de su prueba pericial y testimonial. Como testigo intervino el abogado Juan Daniel González, mientras que como peritos Andrés Ojeda Aráuz y un cabo segundo de policía.PublicidadPara esta nueva jornada de audiencia, la cual se instaló la mañana de este domingo, 19 de julio, los abogados de Corpalubri, Ternape, Codepesa e Indudiesel pensaron empezar con la intervención como perito del cabo segundo de policía William Yánez, pero no se dio debido a un problema de comunicación con la Unidad Judicial de Latacunga (Cotopaxi), lugar al que debía acercarse el perito para conectarse vía telemática a la diligencia.Al no estar presente en la sala virtual el perito, la abogada Gabriela Moreira, parte de la defensa de las empresas procesadas, solicitó que se convoque al perito Arturo Dimitri Barreiro Criollo, un ingeniero petrolero que realizó 15 informes periciales en el ámbito de la ingeniería en la especialidad de hidrocarburos. Básicamente el perito realizó un análisis respecto a la capacidad de almacenamiento y la distribución de diésel premium en estaciones de servicio relacionadas con las empresas Copedesa y Corpalubri. La pericia incluyó la revisión de las actas de control, pruebas de presión en los tanques, limpieza de tanques y tablas volumétricas. En general el perito concluyó que el movimiento de diésel premium en estas estaciones de servicio fueron normales o dentro de los rangos permitidos. PublicidadPublicidadDesde la fiscal del caso, Ruth Amoroso, y desde la defensa de la la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), liderada por su director Christian Puente, existió oposición a la preguntas hechas dentro de la fase de interrogatorio por los abogados de la cuatro empresas coprocesados. Básicamente se cuestionó que se estén exponiendo resultados de pericias que fueron hechas a estaciones de servicio que no han sido nombradas dentro de la causa. En cambio, para los acusados, estos datos eran relevantes, pues serían de estaciones de servicio que son parte del grupo Copedesa, por ejemplo. La parte acusadora con sus preguntas llevó a que el perito reconozca que la pericia fue ordenada el 16 de octubre de 2024, cuando la causa se encontraba en la fase preprocesal de investigación previa, y que para realizar el informe el perito no revisó documentos emitidos por Petroecuador, sino solo información con que contaba cada una de las estaciones de servicio analizadas y que constaba en el expediente fiscal revisado.Cerca de las 13:00 se suspendió la diligencia para que los sujetos procesales almuercen. Luego de esa pausa continuará la defensa de las cuatro empresas procesadas presentando su prueba testimonial y pericial. Al menos dos días más le tomaría a esta defensa culminar con los testigos y peritos que necesitan y de ahí se pasaría a evacuar las 130 pruebas documentales anunciadas en la audiencia preparatoria de juicio. La diligencia está a cargo del Tribunal Anticorrupción de Juicio, integrado por los jueces Jorge Sánchez (ponente), Clara Soria y Víctor Barahona.En lo que va de la audiencia de juicio ya ha culminado la Fiscalía con la presentación de la carga probatoria que mantiene para acusar a los 22 procesados. También han evacuado su prueba pericial, testimonial y documental las acusaciones particulares: la ARCH y la Empresa Pública Petroecuador.PublicidadSegún la teoría del caso manejada por la Fiscalía, las empresas del sector hidrocarburífero vinculadas al alcalde Aquiles Alvarez y su familia habrían constituido una red para presuntamente desviar combustible subsidiado de manera ilegal entre los segmentos automotor, industrial y naviero nacional e internacional, lo que habría generado un perjuicio económico para el Estado que llega a los $ 61,5 millones, correspondientes a 22,7 millones de galones de diésel y gasolina.La mayoría de las defensas de los procesados han optado por conectarse vía telemática a este día de audiencia, así como también lo hacen los integrantes del tribunal. (I)