En lo que va de la audiencia de juicio, la fiscal de Pichincha, Ruth Amoroso, la Procuraduría y la ARCH ya han culminado la presentación de la prueba.Publicidad19 de julio, 2026 - 08h59Un total de tres testimonios fueron evacuados en la jornada de la audiencia de juzgamiento en el caso Triple A del pasado sábado, 18 de julio. Por casi diez horas los abogados de las empresas procesadas Corpalubri S. A, Indusiesel S. A., Ternape S. A. y Copedesa S. A. presentaron la prueba que mantienen para rechazar las acusaciones de la Fiscalía. La mañana de este domingo, 19 de julio, la diligencia se reinstaló para continuar con la lista de 27 testigos anunciada por la defensa de estas cuatro empresas acusadas de intervenir en un tráfico ilegal de combustible.La diligencia del sábado último estuvo marcada por incidentes que generaron que por dos ocasiones el Tribunal Anticorrupción de Juicio, integrada por los jueces Jorge Sánchez (ponente), Clara Soria y Víctor Barahona, deliberara por más de una hora en cada caso para resolver el tema cuestionado dentro de una etapa de juzgamiento en la que se analiza la supuesta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos que habrían cometido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, otras quince personas naturales están seis personas jurídicas (empresas). PublicidadEn lo que va de la audiencia de juicio ya ha culminado la fiscal provincial de Pichincha, Ruth Amoroso, con la presentación de la carga probatoria que mantiene para acusar al alcalde de Alvarez, a dos de sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez, a un primo suyo y otros 17 procesados por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución de productos derivados de petróleo. También han evacuado su carga probatoria las acusaciones particulares: la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y la Empresa Pública Petroecuador.Según la teoría del caso manejada por la Fiscalía, las empresas del sector hidrocarburífero vinculadas al alcalde Aquiles Alvarez y su familia habrían constituido una red para presuntamente desviar combustible subsidiado de manera ilegal entre los segmentos automotor, industrial y naviero nacional e internacional, lo que habría generado un perjuicio económico para el Estado que llega a los $ 61,5 millones, correspondientes a 22,7 millones de galones de diésel y gasolina.Por disposición del Tribunal de Juicio, Aquiles Alvarez asiste a la diligencia vía telemática desde una sala de la Unidad Judicial de Santa Elena, en la provincia de Santa Elena. Ahí por orden judicial se habilitó una sala para que sea ocupada por dos de los procesados que se mantienen en la Cárcel del Encuentro y sus defensas técnicas. PublicidadPublicidadLa mayoría de las defensas de los procesados han optado por conectarse vía telemática a este día de audiencia, así como también lo hacen los integrantes del tribunal. (I)