El gigantesco acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, que los gobiernos de Donald Trump y Delcy Rodríguez presentaron el viernes como un negocio histórico para ambos países, comienza a generar más preguntas que respuestas a medida que se conocen nuevos detalles sobre la manera como fue negociado, quiénes participarían y los beneficios que realmente obtendría cada una de las partes.El pacto, que le daría a EE. UU. acceso preferencial a 17 campos petroleros con reservas estimadas en 65.000 millones de barriles, ha sido cuestionado en los últimos días por sectores de la oposición venezolana, economistas y expertos petroleros que critican su falta de transparencia, ponen en duda algunas de las cifras presentadas por Caracas y advierten que podría terminar fortaleciendo políticamente al gobierno de Rodríguez. LEA TAMBIÉN Pero nuevas revelaciones publicadas este fin de semana por The Wall Street Journal agregaron otro elemento a la controversia.Según el diario, ante la resistencia de las grandes compañías petroleras estadounidenses a comprometer los miles de millones de dólares necesarios para recuperar la infraestructura venezolana deteriorada a la velocidad que pretendía Trump, su administración terminó recurriendo a una solución extraordinaria.Donald Trump calificó el acuerdo como "histórico". Foto:The Truth Social- Donald TrumpConvertir al propio gobierno estadounidense en inversionista.De acuerdo con el Journal, Washington planea adquirir una participación pasiva del 35 por ciento en North American Blue Energy Partners (NABEP), una empresa privada encabezada por el controvertido empresario venezolano Alejandro Betancourt, que ya opera campos petroleros en el país.La inversión sería estructurada por la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono mediante opciones de compra de muy bajo costo que permitirían al gobierno estadounidense obtener una participación accionaria sin desembolsar inicialmente una cantidad significativa de dinero.Además, EE. UU. obtendría derechos preferenciales para adquirir a precio de costo el 20 por ciento del petróleo producido por la compañía.El acuerdo no fue sometido a un proceso competitivo y las negociaciones permanecieron en secreto hasta la semana pasadaLa estructura supondría un giro considerable respecto de la manera en que inicialmente se presentó el acuerdo.En lugar de limitarse a facilitar o garantizar inversiones privadas estadounidenses en Venezuela, Washington pasaría a tener un interés financiero directo en una empresa que podría obtener derechos para desarrollar algunos de los campos petroleros más importantes del país.Pero la fórmula tendría, además, otro propósito con enormes implicaciones políticas para Venezuela.Acuerdo entre EE. UU. y Venezuela. Foto:La estrategia de Washington detrás del acuerdoSegún personas involucradas en las negociaciones citadas por The Wall Street Journal, la utilización de una compañía privada como vehículo para el acuerdo fue concebida, entre otras razones, para vincular a futuros gobiernos venezolanos al proyecto y dificultar que una eventual nueva administración pueda revertirlo.El dato resulta particularmente relevante en un momento en el que la oposición venezolana continúa reclamando una transición democrática y cuestiona la autoridad del gobierno de Rodríguez para comprometer recursos estratégicos del país durante varias décadas. Adicionalmente, sería una forma de asegurar que el acuerdo permanezca cuando Trump abandone la presidencia en el 2029.Según el Journal, NABEP podría explotar 17 campos que albergarían unos 65.000 millones de barriles de petróleo, lo que representa aproximadamente una quinta parte de las reservas venezolanas.El diario también reveló que el acuerdo fue negociado durante varios meses de manera reservada y que Trump y Rodríguez acordaron las líneas generales en una conversación telefónica pocos días antes de que fuera anunciado.Las negociaciones se aceleraron luego de que la administración Trump intentara convencer a grandes petroleras estadounidenses de regresar rápidamente a Venezuela.Pero buena parte de la industria se mantuvo al margen debido a los enormes costos de reconstrucción de la infraestructura, las preocupaciones sobre la seguridad y, especialmente, las dudas sobre la estabilidad jurídica de cualquier inversión a largo plazo.Fue en ese contexto que la administración recurrió a NABEP y a Betancourt.Esa elección también ha alimentado las críticas.Una mujer pasa frente a un mural con temática petrolera en Caracas. Foto:Getty ImagesLas polémicas que rodean al empresario venezolano Alejandro BetancourtBetancourt hizo buena parte de su fortuna durante los gobiernos chavistas y fue uno de los empresarios conocidos en Venezuela como los “bolichicos”, un grupo que obtuvo contratos estatales lucrativos durante los años de Hugo Chávez. Durante la última década ha sido investigado en varios países por presunto lavado de dinero, aunque no ha sido formalmente acusado y sus abogados han negado que haya cometido irregularidades. Sin embargo, su influencia en Washington ha aumentado considerablemente este año. The Washington Post reveló la semana pasada que funcionarios de alto nivel de la administración Trump intervinieron ante autoridades suizas para resolver una investigación contra Betancourt de manera que evitara cargos penales y eliminara las restricciones de viaje que tenía. LEA TAMBIÉN El empresario, cuya compañía se ha convertido en uno de los mayores productores privados de petróleo de Venezuela, ha actuado simultáneamente como interlocutor del gobierno estadounidense y como intermediario entre Rodríguez y altos funcionarios venezolanos. Ese papel resulta especialmente sensible para sectores de la oposición que respaldan la apertura de la industria petrolera al capital privado, pero cuestionan que un acuerdo de semejante magnitud sea negociado por un gobierno que consideran ilegítimo y por empresarios vinculados durante años al sistema chavista. Las críticas planteadas desde la oposición y algunos sectores del chavismoMaría Corina Machado no se había pronunciado directamente sobre el pacto hasta este domingo. Pero David Smolansky, portavoz de su equipo en Washington, dijo que la oposición favorece desde hace años la privatización y apertura de la industria petrolera, aunque sostiene que acuerdos de esta magnitud deberían negociarse con “un gobierno legítimo, con un gobierno democrático” y bajo un sistema que ofrezca garantías jurídicas de largo plazo. María Corina Machado no se había pronunciado directamente sobre el pacto hasta este domingo. Foto:Archivo Particular / Ilustración hecha con IARicardo Hausmann, exministro venezolano y profesor de Harvard, fue más contundente y calificó el pacto de “vergonzoso”, argumentando que Rodríguez carece de legitimidad y autoridad constitucional para comprometer al país en semejante acuerdo.Otros dirigentes opositores han adoptado posiciones más matizadas. Juan Pablo Guanipa, cercano a Machado, sostuvo que Venezuela necesita explotar sus enormes reservas para recuperarse económicamente, aunque las críticas dentro de la oposición se han centrado principalmente en las condiciones, la opacidad de la negociación y el fortalecimiento que el acuerdo podría representar para Rodríguez. Los cuestionamientos también han llegado de antiguos sectores del chavismo. Rafael Ramírez, quien dirigió PDVSA y fue ministro de Petróleo durante el gobierno de Chávez antes de romper con Maduro, calificó el pacto como una entrega histórica de los recursos venezolanos. Incluso antiguos funcionarios estadounidenses han expresado su preocupación. Francisco Palmieri, quien encabezó la misión diplomática estadounidense para Venezuela durante la administración Biden, cuestionó que Washington trabaje con Betancourt y advirtió que el acuerdo podría terminar por generar incentivos para que el actual gobierno retrase una transición democrática con el argumento de garantizar la estabilidad necesaria para ejecutar las inversiones. Trump busca fortalecer el poder petrolero de EE. UU. Foto:Archivo EL TIEMPO/COLLAGELas sombras que deja el acuerdo en el plano económicoA las dudas políticas se suman las económicas. Rodríguez sostiene que el acuerdo atraerá más de 100.000 millones de dólares en inversiones y generará 209.300 millones de dólares en regalías e impuestos para Venezuela.Según la mandataria, el proyecto tendrá una duración mínima de 25 años, permitirá alcanzar una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios y dejará aproximadamente 19 dólares por barril al Estado venezolano. LEA TAMBIÉN Sin embargo, las cifras han sido cuestionadas por economistas y expertos petroleros. Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Instituto Baker de la Universidad Rice, calificó de “increíblemente bajos” los ingresos tributarios anunciados por Caracas y cuestionó la falta de transparencia del acuerdo.Reuters señaló este lunes que tampoco está claro cómo se compatibilizan algunas de las cifras divulgadas por Rodríguez ni cuáles serán finalmente las condiciones fiscales aplicables a los campos. El acuerdo no fue sometido a un proceso competitivo y las negociaciones permanecieron en secreto hasta la semana pasada, pese a que Venezuela se encuentra en medio de una amplia reforma de su legislación de hidrocarburos. Además, hay diferencias importantes entre las versiones de ambos gobiernos. El acuerdo no fue sometido a un proceso competitivo y las negociaciones permanecieron en secreto Foto:Asamblea Nacional.Choque de versiones entre Washington y CaracasMientras funcionarios estadounidenses hablan de derechos sobre los campos que podrían extenderse hasta 100 años, Rodríguez sostiene que el acuerdo tiene una duración inicial de 25 años. Washington tendría, además, una participación efectiva del 55 por ciento en la sociedad encargada de desarrollar los 17 campos, según la información disponible hasta ahora. Rodríguez, por su parte, insiste en que Venezuela mantiene la propiedad absoluta sobre sus recursos naturales y que el acuerdo no implica una cesión de soberanía. Tampoco se conoce todavía el texto del acuerdo y siguen sin estar claros aspectos fundamentales como quién aportará finalmente los cerca de US$ 100.000 millones de inversión que promete Caracas. Precisamente, esa última pregunta cobró mayor relevancia tras las revelaciones de The Wall Street Journal. Si las grandes petroleras estadounidenses no estuvieron dispuestas a asumir inicialmente el riesgo venezolano y Washington terminó diseñando un mecanismo mediante el cual el propio gobierno estadounidense tendría participación en NABEP, todavía queda por determinar de dónde saldrá el enorme volumen de capital necesario para desarrollar los campos. La operación tampoco está exenta de interrogantes legales en EE. UU. Refinería de petróleo El Palito en Puerto Cabello, estado Carabobo, Venezuela Foto:AFPDespués de la publicación del Journal, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, dijo a Reuters que la Oficina de Capital Estratégico no adquiere participaciones accionarias en empresas privadas y que su autoridad legal se limita a ofrecer préstamos, garantías de préstamos y asistencia técnica, incluida la estructuración y la financiación de inversiones. La declaración introduce una nueva incógnita sobre cómo se estructuraría finalmente la participación del 35 por ciento, tal como la describieron las personas involucradas en las negociaciones. También existen dudas en Venezuela. LEA TAMBIÉN Expertos citados por Reuters advierten que un futuro gobierno podría llevar el acuerdo ante los tribunales y cuestionan que EE. UU., y no Venezuela, tenga capacidad para seleccionar el modelo y las empresas encargadas de operar los campos. Para los críticos, allí reside una de las principales contradicciones del pacto. La estructura privada que Washington estaría diseñando busca precisamente reducir el riesgo de una inversión a largo plazo y dificultar que futuros gobiernos venezolanos la deshagan. Pero esa misma estructura y la ausencia, hasta ahora, de contratos públicos podrían aumentar las probabilidades de que el acuerdo termine enfrentando impugnaciones legales en el futuro. SERGIO GÓMEZ MASERI - Corresponsal de EL TIEMPO - Washington