La compañía Suelopetrol, constituida en España, fundada por capital venezolano y ahora en manos de la firma suiza Ruve Beratung & Treuhand AG desde marzo de 2025, está dispuesta a defender sus inversiones en Venezuela en un entorno político muy complejo, con un país tocado por la crisis económica, devastado por los últimos terremotos y cuyo futuro está tutelado por la administración estadounidense desde hace ocho meses.Esta empresa, que se dedica a la exploración, explotación, importación, almacenamiento, refino y comercialización de hidrocarburos, participa desde 2006 en la compañía mixta Petrocabimas, de la que Suelopetrol es dueña del 40% del capital social, siendo el 60% restante de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Al margen del giro político vivido tras la invasión dirigida por Donald Trump a principios de año, la compañía culminó en abril un largo proceso judicial para sacar de la presidencia de la compañía al empresario venezolano Henrique José Rodríguez Guillén, presidente y administrador único de la sociedad con la que participa en la empresa mixta, acusado de impagos (no devolvió un préstamo de 30 millones de euros que le hizo Suelopetrol) y de actuaciones irregulares.Solventado ese escollo y con un nuevo presidente al frente, la empresa quiere participar en la reactivación del sector petrolero en Venezuela, impulsada por el Ejecutivo que preside Delcy Rodríguez para paliar los daños económicos por los terremotos sufridos a principios de verano. “Contamos con un plan inversor de 600 millones de dólares (515 millones de euros) hasta 2039. Tenemos esos activos, queremos explotarlos y contamos con los recursos económicos para hacerlo. Simplemente queremos que se reconozca que la sociedad española tiene ese activo para contar con la seguridad jurídica necesaria para afrontar esas inversiones”, señala Antonio Vázquez, socio director del despacho ABAM Abogados y secretario del Consejo de Administración de Suelopetrol en España.La compañía ya ha presentado una solicitud ante el Ministerio de Petróleo de Venezuela para que se le reconozca la titularidad del 40% de la sociedad que explota Petrocabimas. “El pasado miércoles nos acreditaron una prueba de fondos de 350 millones de dólares (300 millones de euros) para invertir. Es muy interesante porque constata que contamos con los recursos para retomar la actividad de manera inmediata”, señala Vázquez, que precisa que en un par de semanas el Ejecutivo venezolano se tendrá que pronunciar al respecto. “Ya solo nos queda el último paso, que es el reconocimiento político jurídico en Venezuela, de que nosotros somos titulares de activos y asi podamos invertir en los campos correspondientes para explotarlos”. El objetivo sería que se reconociera la propiedad sobre el 40% de Petrocabimas para retomar las inversiones en los dos campos petrolíferos, tal y como hizo Repsol en el yacimiento de Petroquiriquire (posee el 40%) desde el pasado mes de abril gracias a la licencia concedida por el Gobierno estadounidense.En un informe remitido a la Oficina Económica y Comercial de España de la Embajada de Caracas, la firma española valora su participación en Petrocabimas en una horquilla que varía entre los 1.400 millones de dólares (1.200 millones de euros), pudiendo alcanzar aproximadamente 2.234 millones de de dólares (1.920 millones de euros) en el escenario más favorable de evolución del negocio como de la cotización internacional del crudo.La valoración se basa en el rendimiento económico previsto sobre los campos petroleros de Cabimas y Tía Juana, ambos propiedad de Petrocabimas, situados en el entorno del lago de Maracaibo (Venezuela) y que cuentan con unas reservas probadas certificadas estimadas en aproximadamente 1.398 millones de barriles, lo que alarga su vida útil hasta 2039. Hasta esa fecha, la compañía augura que podría extraer un máximo de 14.456 barriles diarios ya este año y multiplicar por diez la producción hasta llegar a 138.185 barriles diarios en 2032. Una proyección vinculada a la perforación y reactivación de pozos en los plazos previstos en el informe. La consultora Rystad Energy calcula que se requerirán 130.000 millones de euros en inversión acumulada durante un periodo de diez a quince años para restaurar la producción a tres millones de barriles diarios, como sucedió hasta la Gran Recesión de 2008. Suelopetrol contempla todos los escenarios posibles en la resolución del conflicto por Petrocabimas, incluso la posible expropiación y concesión de los activos a otra compañía. Un temor que se avivó el jueves por la tarde cuando se conoció a través del portal de noticias Axios las conversaciones entre la Administración Trump y el gobierno interino de Venezuela para que Estados Unidos se haga con una participación significativa de una docena de campos petroleros, que acumulan cerca de 90.000 millones de barriles de reservas demostradas, casi una tercera parte del total de Venezuela (300.000 millones de barriles). A cambio de su entrada en el accionariado, el Ejecutivo estadounidense estaría garantizando la modernización y reactivación de esos campos petrolíferos a través de la inversión de empresas privadas, incluidas compañías estadounidenses, lo que redundaría en más ingresos para el Gobierno de Delcy Rodríguez al incrementarse la producción de crudo.“En el caso de que no reconocieran la propiedad, entraríamos en un litigio internacional a tres bandas entre Venezuela, Estados Unidos y España”, señala Vázquez, que apunta a un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial. Algo que confía en que no suceda. “España tiene un peso muy importante en Venezuela y Suelopetrol es una sociedad con un capital cercano a los 700 millones de dólares (600 millones de euros) y una capacidad de inversión de 600 millones de dólares (515 millones de euros)”. Al margen de la vía judicial, la compañía ya ha desplegado también la vía diplomática y ha solicitado apoyo al Ejecutivo español para que proteja los intereses de su empresa en Venezuela, con contactos tanto con el titular de Exteriores, José Manuel Albares, como el de Economía, Carlos Cuerpo.