Actualizado Lunes,
agosto
01:50El Gobierno arranca el curso con los bancos en el foco. Moncloa tiene previsto darle un nuevo impulso a dos proyectos que generan recelos en el sector: la Ley de contratos de cr�ditos al consumo y la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, dos figuras que llevan a�os sobre la mesa y que ahora el Ministerio de Econom�a quiere convertir en realidad, a�adiendo con ello m�s presi�n regulatoria y m�s control a la actividad de las entidades en su relaci�n con los clientes. Se espera un oto�o caliente. Ninguna de las dos son nuevas, pero ahora Carlos Cuerpo quiere concluir lo que inici� su antecesora y mentora, Nadia Calvi�o, y quiere hacerlo adem�s en un momento en el que el sector financiero europeo clama por una reducci�n de la carga normativa para poder competir con m�s agilidad frente a los gigantes estadounidenses.La ley de contratos de cr�ditos al consumo se encuentra en una fase m�s avanzada. El Ejecutivo aprob� el anteproyecto a inicios de a�o y se baraja el mes de noviembre como una probable fecha para su entrada en vigor. Se trata de una reforma legal promovida desde Europa que busca limitar los tipos de inter�s a los que se concede la financiaci�n al consumo, precisamente en un momento en el que los bancos est�n apostando por este segmento como una de sus l�neas de negocio con m�s potencial. En el mes de junio, coinicidiendo con la preparaci�n de las vacaciones de las familias, el saldo vivo de este tipo de cr�ditos aument� en 2.270 millones de euros, un 5,3% m�s que el mes precedente, seg�n los �ltimos datos disponibles del Banco de Espa�a. La norma aspira a ser eficaz frente al aumento exponencial de los microcr�ditos y las tarjetas revolving que no s�lo los bancos, sino sobre todo otro tipo de entidades financieras de cr�dito, han promovido con alegr�a y pr�cticas rayanas en la usura en los �ltimos a�os.Tal vez por eso, el sector bancario cree que la ley puede ayudar a distinguir entre unos acreedores y otros y subraya "la importancia de que se haya incluido la reserva de actividad, que implica que ninguna persona f�sica o jur�dica podr� desarrollar con car�cter profesional las actividades de concesi�n de cr�ditos bajo el �mbito de aplicaci�n de la ley sin haber obtenido la preceptiva autorizaci�n y hallarse inscrita, en su caso, en los correspondientes registros administrativos. Esto conlleva una mayor protecci�n al consumidor e iguala el tratamiento de todo aquel que concede cr�dito al consumo, lo que hasta ahora no ocurr�a, y favorec�a el cr�dito usurario sin limitaci�n de intereses", apuntan desde la Asociaci�n Espa�ola de Banca (AEB), patronal que re�ne a los mayores bancos del pa�s.En este sentido, la AEB defiende que el sector siempre ha evaluado de manera rigurosa la capacidad de pago del consumidor y que desde hace tiempo cuenta con "pol�ticas y procedimientos para facilitar la renegociaci�n" de los usuarios en apuros. Sin embargo, entre los consumidores hay un sabor agridulce. Desde organizaciones como la Asociaci�n de Usuarios Financieros (Asufin), celebran la trasposici�n para igualarnos a otros pa�ses europeos, pero advierten de que "nos est�n marcando un gol" al implementar el reglamento que desarrolla la ley. "Los bancos est�n consiguiendo que el Banco de Espa�a ya no distinga entre el cr�dito al consumo, el minicr�dito o los cr�ditos en internet que dan otro tipo de entidades. El riesgo que vemos en el reglamento es que tampoco distingue, marca un solo l�mite y ese l�mite se toma por arriba, es decir, considerando los tipos m�ximos de las tarjetas revolving, que est�n al 18% o 20%. Si t� vas al banco a pedir un cr�dito personal, que normalmente est� entre el 6% y el 8%, y te lo venden al 14%, ya no vamos a poder decir que est�n por encima del l�mite aprobado. Dicho de otra forma, est�n permitiendo una subida masiva de los cr�ditos al consumo", advierte Patricia Su�rez, presidenta de la organizaci�n. Litigiosidad y carga normativaEl otro objetivo regulatorio que pretende abordar Carlos Cuerpo en septiembre es la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Su creaci�n se plante� por primera vez en 2022, con Calvi�o al frente de Econom�a, sin embargo, nunca desde entonces ha llegado a concretarse y la pol�mica ha rodeado todo su periplo parlamentario. Solo en una ocasi�n ha estado a punto de salir adelante en la anterior legislatura, pero decay� por la convocatoria de elecciones generales en julio de 2023. El Gobierno guard� el proyecto en el caj�n y ah� ha permanecido pese a las reclamaciones de las organizaciones de usuarios que consideran que es un instrumento fundamental para atender las demandas de los clientes y reducir la litigiosidad judicial en los casos de mala praxis financiera. El organismo unificar� las reclamaciones que antes gestionaban por separado el Banco de Espa�a, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Direcci�n General de Seguros y, seg�n defiende Econom�a, "resolver� los conflictos, quejas y reclamaciones en un plazo m�ximo de 90 d�as, de forma gratuita y sin necesidad de recurrir a los tribunales" cuando se trate de reclamaciones inferiores a los 20.000 euros. El sector bancario ha mostrado su rechazo al proyecto desde el inicio al considerar que la Autoridad a�ade complejidad a su actividad diaria y abre un foco de litigiosidad a�adido. Tampoco avala que tengan que financiarla con sus recursos, aunque en este aspecto consiguieron eliminar la propuesta inicial de tener que pagar 250 euros por cada reclamaci�n recibida. Desde la AEB aseguran que "el sistema funciona" y que la iniciativa choca con la tendencia a la simplificaci�n regulatoria que trata de impulsar la UE. "En un momento en el que Europa busca simplificar y ganar eficiencia en la regulaci�n bancaria para ganar en competitividad, un organismo m�s supondr�a un conflicto con esta tendencia", responden a este diario. En esta l�nea insiste tambi�n CECA, la otra gran patronal del sector, que indica que "en un momento en el que Europa est� insistiendo en la necesidad de reducir cargas, simplificar marcos normativos y ganar competitividad, debemos ser especialmente cuidadosos con cualquier iniciativa que pueda a�adir costes, duplicidades o complejidad administrativa". Para Asufin, la Autoridad facilitar�a much�simo al consumidor encontrar la v�a de reclamaci�n frente a la "atomizaci�n actual", si bien advierte de que para que funcione tiene que estar "bien dotada presupuestariamente".
