Con Inditex, el Ibex 35 cerró la temporada ordinaria de juntas el pasado 7 de julio con la aprobación de todos los puntos del orden del día, como es habitual. El quórum de asistencia ha aumentado ligeramente hasta el 74,88%, frente al 74,53% de 2025. Este incremento podría explicarse por los dividendos de asistencia que pagan compañías, por la creciente implicación de los inversores institucionales españoles y por la implantación de las juntas híbridas, que facilitan la participación de los accionistas sin renunciar a la asistencia presencial. La temporada ha estado marcada por un mayor escrutinio sobre la composición de los consejos, las remuneraciones y las emisiones de capital. Aunque todas las propuestas del Ibex 35 salieron adelante, el aumento de votos en contra evidencia que los inversores utilizan cada vez más su derecho de voto para exigir a las compañías mejores prácticas de gobierno corporativo y sostenibilidad. Este año, en Corporance hemos analizado más 100 compañías de España (47%), Estados Unidos (17%), Francia (12%), Alemania (12%) y otros mercados europeos (19%). Uno de los casos más destacados ha sido el de Solaria. Desde su incorporación al Ibex 35 en 2020, hemos señalado la necesidad de reforzar la independencia del consejo de administración y adecuar su composición a las mejores prácticas, incluyendo las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de la CNMV. La compañía sigue contando actualmente con un solo consejero independiente de siete, un 14% del consejo, muy por debajo del 50% mínimo recomendado. El descontento de los accionistas ha resultado en un 33%-43% de votos en contra de la reelección de la mayor parte de los consejeros no independientes, mientras que la única consejera independiente propuesta obtuvo un respaldo prácticamente unánime (99,7%). Las expectativas de los inversores son evidentes y su voz muy clara. Las autorizaciones relativas al capital social están empezando a recibir un mayor escrutinio en todos los mercados. En el Ibex 35, estas propuestas registraron alrededor de un 14% de oposición en Grifols, Amadeus e IAG, mientras que fuera del índice, Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) obtuvo cerca de un 37% de votos en contra y un 10% de abstenciones. Aunque estas propuestas siguen siendo finalmente aprobadas, los inversores muestran una creciente sensibilidad hacia aquellas operaciones que puedan limitar sus derechos económicos o políticos. En la misma línea, la protección de los derechos de los accionistas sigue siendo otro de los temas recurrentes. El caso más significativo fue el de Grifols, donde solo el 54,7% del capital respaldó la reducción del plazo de convocatoria de las juntas extraordinarias de 21 a 15 días. Aunque esta medida aporta flexibilidad a las compañías, limita el tiempo de los accionistas, sobre todo los extranjeros, para analizar las propuestas y ejercer un voto informado. La digitalización de las juntas continúa avanzando en España. Durante 2026, varias compañías, como Banco Santander, Bankinter, Redeia o Sacyr, celebraron juntas solo virtuales. Este formato plantea importantes retos desde la perspectiva del buen gobierno, pues puede dificultar la participación efectiva de determinados accionistas, como aquellos con un menor acceso a medios digitales, o los inversores extranjeros, debido a sus problemas de registro e identificación digital. Sería conveniente que la tecnología ayude a esta comunicación, en lugar de ser un freno, y la Comisión Europea está detrás de esta iniciativa. Este problema no solo afecta a las juntas virtuales, sino también a las híbridas, dependiendo de la voluntad de las compañías. Existe un claro riesgo de que se debilite la transparencia y la calidad del diálogo entre el consejo y los inversores. Hemos observado malas prácticas en algunas juntas en las que, además de filtrar la asistencia física, preguntas formuladas a través de medios electrónicos por los accionistas no llegan a ser leídas o respondidas durante la junta, reduciendo la capacidad de los inversores para exigir explicaciones y violando su derecho de participación en la junta. Desde Corporance defendemos el formato híbrido como el modelo que mejor garantiza la transparencia del proceso y el ejercicio efectivo de los derechos de participación e intervención de los accionistas. Las elecciones de consejeros volvieron a concentrar algunos de los mayores niveles de oposición. El voto en contra de la reelección de un consejero suele reflejar el desacuerdo de los inversores con determinadas prácticas de gobierno corporativo cuya supervisión le corresponde. En Estados Unidos, por ejemplo, se han promovido numerosas campañas de “vote no” contra los presidentes de las comisiones de gobierno corporativo de aquellas compañías que decidieron excluir propuestas presentadas por accionistas. La remuneración de los consejeros volvió a situarse entre las principales preocupaciones de los accionistas. La mayor oposición se concentró en diferentes propuestas de Iberdrola, CaixaBank y Telefónica, mientras que el informe anual de remuneraciones registró menor apoyo en compañías como Sacyr y Acerinox. Gracias a la constante implicación de los accionistas y la presión de los asesores de voto, estamos observando cambios positivos en las políticas de remuneración. Este año no ha sido diferente, ya que varias compañías decidieron revisar sus políticas y sus planes de incentivos, indicando expresamente que dichos cambios respondían al diálogo mantenido con accionistas institucionales y proxy advisors (asesores de voto). A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde el movimiento contrario a las políticas ASG y DEI [medioambientales y de diversidad e inclusión] ha seguido ganando fuerza, en España y en el resto de Europa, esta tendencia apenas se ha dejado notar. Aunque algunas compañías europeas, especialmente en mercados con mayor presencia de inversores estadounidenses como Alemania, han comenzado a reducir o incluso eliminar métricas ASG de los planes de retribución variable, las españolas se han mantenido firmes. La normativa europea y el compromiso de las propias compañías han hecho que la sostenibilidad siga ocupando un lugar destacado en las juntas generales. Finalmente, España continúa avanzando hacia una mayor diversidad en los consejos, alcanzando la presencia media de mujeres en los consejos el 42% (tras las juntas), y siendo ya 16 las compañías que cuentan con consejos paritarios o con mayoría femenina, como Bankinter, Inditex, Logista y Redeia. La principal conclusión de esta temporada es clara: los accionistas votan cada vez más y votan con mayor criterio. La oposición registrada en cuestiones clave de gobierno corporativo demuestra que el voto se ha consolidado como la herramienta más eficaz para impulsar mejores prácticas y exigir a las compañías mayor transparencia y rendición de cuentas.