Catalunya tiene 947 municipios, de los cuales 310 se oponen al Plan Territorial Sectorial de la Implantación de las Energías Renovables en Catalunya, más conocido como Plater. Dicho de otro modo, un tercio de las poblaciones han dicho "no" al modelo de planificación y ordenación de parques solares y eólicos, y sus líneas de evacuación (MAT) y lugares de almacenamiento, propuesto por el Govern de Salvador Illa. Del Empordà hasta las Terres de l'Ebre, son municipios de 38 comarcas, mayoritariamente rurales. Una oposición que ha provocado que el Govern aplace su aprobación definitiva del hasta después de las elecciones municipales del próximo mayo.PublicidadAyuntamientos como el de Miravet, Ulldecona, Viladasens, Sant Jordi Desvalls o Vilademuls, así como organizaciones agrarias y ambientales y consejos comarcales, han presentado alegaciones contra el Plater. En total, según el Govern, ha recibido 12.143. Su rechazo no nace de la oposición a las renovables ni a la transición energética, sino de cómo se quieren desplegar sobre el territorio. A grandes rasgos, los ayuntamientos comparten la necesidad de ordenar las renovables, pero reclaman más capacidad de decisión, modificar las zonas delimitadas y concentrar las instalaciones. Hablamos con la Red Catalana por una Transición Energética Justa y alcaldes de municipios afectados.Vayamos por partes. El Plater determina las zonas donde se podrían implantar instalaciones renovables, fija objetivos de potencia para los municipios y las comarcas y plantea también criterios para las infraestructuras asociadas. Para ello, tiene en cuenta factores ambientales, agrícolas, paisajísticos, urbanísticos, territoriales, culturales y energéticos. A partir de estos criterios, el territorio se divide entre zonas no aptas, zonas aptas y zonas prioritarias, y se fijan objetivos de potencia para los diferentes municipios. Es precisamente esta cartografía la que ha provocado buena parte del malestar entre los ayuntamientos que consideran que el mapa se ha dibujado sin una suficiente participación local.La Generalitat defiende que este planeamiento es necesario para alcanzar los objetivos de descarbonización y evitar una implantación desordenada de las instalaciones. El documento parte de la PROENCAT 2050 y prevé llegar hasta los 62.000 MW de potencia renovable en 2050, con unos 14.000 MW situados en edificios y espacios antropizados. Buena parte de esta potencia se ha situado en municipios pequeños pero con mucho terreno, sobre todo agrícola.Viladasens, en la comarca del Gironès, es un municipio de 205 habitantes con una superficie total de 1574 hectáreas, de las cuales hay 1.275 definidas como prioritarias y aptas. En una conversación con Públic, el alcalde Xavier Sánchez, alerta que las superficies identificadas como aptas pueden acabar generando una presión territorial que vaya más allá de los objetivos iniciales de potencia. Su preocupación es que estas áreas faciliten también la implantación de baterías, plantas de biogás o biomasa y otras infraestructuras vinculadas al sistema energético. "No es un máximo, como dicen desde la Generalitat, sino que es un mínimo", afirma.Publicidad"Este PLATER está hecho desde la Generalitat, desde los despachos, no se nos ha tenido en cuenta a los municipios para nada". Según explica, los ayuntamientos conocieron las afectaciones que preveía el plan cuando buena parte de las decisiones ya estaban planteadas. "Se nos reunió un día en los consejos comarcales y nos dieron una carpeta con las afectaciones de cada municipio, sin haber tenido en cuenta ni nuestros puntos ni nuestra opinión", relata.Ulldecona, en el Montsià, también es un municipio con un término municipal muy extenso. Su alcaldesa, Núria Ventura, considera positivo que la Generalitat haya hecho "un ejercicio de ordenación territorial e identificado qué lugares pueden acoger instalaciones renovables". El problema, según el Govern municipal, es cómo se han delimitado estas zonas. En este sentido, Ventura ha defendido en una conversación con Públic reducir la presión sobre el suelo agrícola y concentrar las instalaciones en zonas ya transformadas o con usos industriales.El suelo agrícola, en el centro de la disputaUno de los puntos donde coinciden las diferentes posiciones de los municipios es la preocupación por el suelo agrícola. Montserrat Coberó, miembro de la Red Catalana para una Transición Energética Justa, defiende en una conversación con Públic que la aceleración de las renovables no puede hacerse a costa de las tierras productivas. Catalunya dispone de una superficie agraria limitada y la instalación de placas solares sobre terrenos productivos puede entrar en conflicto con la capacidad para producir alimentos. "Es absurdo y es contraproducente para los intereses de la ciudadanía y del futuro coger terrenos agrícolas que son muy productivos y rellenarlos de placas fotovoltaicas para producir energía y dejar de producir alimentos", sostiene Coberó.PublicidadLa propuesta de la red es priorizar las cubiertas de los edificios, las antiguas canteras, los márgenes de las autopistas y otras superficies ya transformadas. "No se pueden destruir hectáreas de producción de alimentos para producir energía fotovoltaica que podría producirse en los tejados, donde no se pueden producir alimentos", afirma.Una reflexión que comparten el resto de alcaldes consultados, que no cuestionan que los municipios puedan contribuir al despliegue renovable, pero reclaman concentrarlo en determinadas áreas y reducir su extensión sobre otros tipos de suelo.Un modelo de grandes parquesLos municipios y las entidades críticas con el Plater también cuestionan el modelo de grandes parques concentrados en determinados territorios rurales y proponen una implantación más distribuida, basada en instalaciones de menor dimensión y comunidades energéticas. "Somos conscientes de que hay que facilitar la implantación de las renovables", afirma, pero reclama que los gobiernos hagan "una planificación que esté pensada para beneficiar a la ciudadanía, no a las multinacionales que quieren invertir en macrocentrales de renovables".Sánchez lo plantea a partir del consumo de su propio municipio. "Si yo consumo 0,3 megavatios, no tiene sentido que mi municipio esté obligado a generar más de 100", afirma. Su alternativa pasa por instalaciones más pequeñas que permitan que los municipios sean también parte activa de la producción energética.El alcalde considera que esta fórmula permitiría repartir el esfuerzo entre muchos más municipios y evitar que determinadas zonas rurales concentren grandes infraestructuras. Considera que el modelo de grandes parques favorece sobre todo a las grandes empresas energéticas. "Está hecho para beneficiar a las grandes energéticas y el lobby de las renovables", afirma."Alegar no es participar"Aparte de la distribución, el mundo municipal dispara contra el Govern por la falta de participación de los municipios en la toma de decisiones y la poca transparencia del proceso. Mientras la Generalitat defiende que el proceso ha incluido participación, reuniones con los municipios y un periodo de información pública, los ayuntamientos insisten en que participar en el trámite de alegaciones no equivale a haber podido decidir las bases del planeamiento."Una alegación no es participación", afirma Sánchez. Lo que reclaman los municipios es poder hablar antes de la definición de las potencias, zonas e infraestructuras que pueden acabar afectando a sus términos municipales. La Red comparte esta crítica. "No es un proceso de participación, es un proceso de alegaciones", sostiene Coberó, que además considera que las 12.143 alegaciones recogidas por el Govern no corresponden con sus registros y asegura que el número es más alta.PublicidadLa transición energética no se puede hacer de espaldas al territorio que la tiene que acogerFrente común de los municipiosPara canalizar este rechazo, los ayuntamientos contrarios han impulsado la Asociación de Municipios para la Reforma del PLATER (AMRP). Sánchez explica que nace para dar una estructura común a los ayuntamientos que se oponen al plan y, sobre todo, para superar las limitaciones de los pequeños municipios rurales. Uno de los objetivos principales es tener capacidad económica para contratar técnicos y expertos que puedan elaborar alternativas al plan y disponer de recursos para contratar servicios jurídicos y, si es necesario, llevar el conflicto a los tribunales o incluso a instancias europeas.La Red Catalana para una Transición Energética Justa reclama una moratoria del Plater. Su planteamiento es que antes de seguir incrementando la superficie destinada a generación renovable hay que revisar las necesidades energéticas, mejorar el almacenamiento y aprovechar mejor las instalaciones ya existentes. Las tres voces coinciden en que "la transición energética no se puede hacer de espaldas al territorio que la tiene que acoger".