¿Está de acuerdo con la militarización de Bogotá? Esta propuesta llega al Concejo y abre debate sobre sus alcances frente a la inseguridad

Explicativo Exclusivo suscriptores La Registraduría avaló 37.056 firmas para convocar un cabildo abierto. Expertos consultados discrepan sobre el alcance de esta propuesta.La Brigada 13 apoya operativos de seguridad en distintos puntos de la ciudad. Foto: Alcaldía de Bogotá.SUBEDITORA DE BOGOTÁ 29.08.2026 07:38 Actualizado: 29.08.2026 07:40

La propuesta de llevar militares a las calles de Bogotá dejará de ser solo una discusión política y llegará formalmente al Concejo. La Registraduría Nacional certificó 37.056 firmas válidas para convocar un cabildo abierto sobre la asistencia militar en la capital, cifra superior a las 31.096 requeridas para que el mecanismo ciudadano continúe su trámite.La iniciativa fue promovida por el concejal Julián Uscátegui. De los 52.965 registros revisados, 37.056 fueron aceptados. Con esa certificación, la administración de Carlos Fernando Galán deberá participar en la discusión y fijar públicamente una posición sobre la posibilidad de recurrir a esta herramienta frente a los problemas de seguridad.Un cabildo abierto es un mecanismo de participación ciudadana que permite discutir directamente asuntos de interés colectivo ante corporaciones públicas como concejos y juntas administradoras. En este caso, el debate deberá realizarse en el Concejo de Bogotá y tendrá como eje la asistencia militar contemplada en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016.Uscátegui interpreta el resultado de las firmas como un reclamo ciudadano por medidas más fuertes. “La inseguridad se desbordó y necesitamos fortalecer las capacidades del Estado para recuperar el control y proteger a los ciudadanos”, sostuvo el cabildante, quien plantea la asistencia militar como apoyo a las capacidades existentes.Trabajo conjunto entre Policía y Brigada 13. Foto:Brigada 13¿Qué opinan los expertos?Pero la eventual participación de soldados en tareas de seguridad urbana divide a los expertos consultados por EL TIEMPO. Las diferencias no están solo en si conviene o no acudir al Ejército, sino en su alcance, duración y capacidad real para producir resultados frente a estructuras criminales y delitos cotidianos.Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, advierte que el planteamiento parte de desconocer que miembros de la XIII Brigada ya patrullan sectores de la ciudad en determinadas circunstancias, bien por solicitudes de asistencia militar de la administración distrital o por decisiones de la propia unidad militar.Para Acero, además, no existe capacidad para desplegar una militarización general de Bogotá. La XIII Brigada, explica, debe responder a otras necesidades nacionales y hoy la Fuerza Pública atiende simultáneamente las emergencias derivadas del terremoto y los incendios, así como operaciones contra grupos armados ilegales en diferentes territorios.Ese escenario incluso puede implicar el traslado de soldados de la XIII Brigada fuera de la capital. Por ello, su conclusión es que la opción viable sigue siendo focalizada: “Lo único que se puede es seguir solicitando asistencia militar para vigilancia y seguridad de determinados sectores de la ciudad, en coordinación con la Policía Metropolitana”.Lo único que se puede es seguir solicitando asistencia militar para vigilancia y seguridad de determinados sectores de la ciudad, en coordinación con la Policía MetropolitanaYenifer Ivón Guerrero, abogada especialista en ciencias forenses, pone el énfasis en los riesgos de política criminal. Considera que una presencia militar puede producir un efecto visible en el corto plazo, pero no necesariamente resolver los factores que sostienen la delincuencia urbana ni desarticular las estructuras responsables.Su argumento es que las Fuerzas Militares tienen una doctrina orientada principalmente al combate y no a la prevención cotidiana. Una presencia de tropas, sostiene, podría generar sensación temporal de control, pero no reducir por sí sola el atraco, combatir la impunidad o desmontar las bandas criminales.Guerrero también alerta sobre posibles afectaciones en la relación entre Estado y ciudadanía. “Se incrementaría el riesgo de violaciones de derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza”, señaló. A su juicio, una intervención mal diseñada también podría deteriorar la confianza institucional en sectores donde ya existe tensión con las autoridades.Por eso propone dirigir recursos hacia otras capacidades: inteligencia policial, fortalecimiento del pie de fuerza, coordinación con la Fiscalía y modernización de la justicia local. “La seguridad de Bogotá no se va a resolver militarizando la ciudad, sino profesionalizando a la Policía e invirtiendo en prevención social”, concluyó.Se incrementaría el riesgo de violaciones de derechos humanos y el uso excesivo de la fuerzaOrlando Carrillo, experto en seguridad, ve en cambio un espacio para el apoyo del Ejército, sobre todo en zonas donde la presencia policial es insuficiente. Su diagnóstico parte de una elevada sensación de intranquilidad, la pérdida de credibilidad de la autoridad policial entre algunos ciudadanos y un déficit de uniformados.Carrillo sostiene que el respaldo militar podría contribuir a elevar la sensación de control, pero condiciona su utilidad a una coordinación estricta. “Es importante que haya una sinergia entre estas dos entidades, que la Policía y el Ejército trabajen mancomunadamente y organicen absolutamente todos los protocolos y procedimientos”, dijo.En su criterio, el apoyo no debería convertirse en permanente. Tendría sentido durante un periodo corto, en sectores definidos y con resultados comprobables sobre reducción del delito y percepción de tranquilidad. De lo contrario, advierte, la sola presencia de soldados no representaría una transformación real de las condiciones de seguridad.El debate ocurre, además, en un momento en que Bogotá registra una mejora en homicidios. Entre el 1.º de enero y el 3 de agosto de 2026 se contabilizaron 641 asesinatos, frente a 703 en el mismo periodo de 2025: son 62 casos menos y una reducción cercana al 9 por ciento.La administración distrital atribuye esa tendencia al combate contra organizaciones criminales, economías ilegales y reincidencia, además de la recuperación de territorios. Sin embargo, el sicariato asociado al narcotráfico continúa siendo un desafío central: entre el 45 y el 50 por ciento de los homicidios serían cometidos por encargo.Las riñas y la intolerancia explican entre el 32 y el 36 por ciento de las muertes violentas. Al mismo tiempo, mientras varios delitos de alto impacto han mostrado mejoría desde el comienzo de la administración Galán, persisten problemas en violencia intrafamiliar, lesiones personales y, durante 2026, hurto a residencias.Por eso, el cabildo no se dará en medio de un deterioro uniforme de todos los indicadores, sino en una ciudad con señales favorables en homicidio y, simultáneamente, con mercados ilegales, estructuras criminales y una percepción de inseguridad que mantiene abierta la presión por nuevas respuestas institucionales.La certificación deberá ser comunicada al Concejo para que cite el cabildo abierto. Allí la administración Galán tendrá que exponer públicamente su postura y el debate deberá precisar hasta dónde puede llegar la asistencia militar, en qué zonas y bajo qué condiciones, sin sustituir las funciones de la Policía ni desplazar las estrategias de fondo contra el delito.CAROL MALAVERSUBEDITORA BOGOTÁEscríbanos a carmal@eltiempo.com Lea también: Sigue toda la información de Bogotá en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.