El Gobierno nacional avanza en un programa de "reconfiguración logística" de las Fuerzas Armadas que contempla modificaciones en el despliegue territorial de las estructuras de Defensa, mediante la enajenación de inmuebles militares a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En ese marco, se puso en marcha un proceso para ceder a consorcios privados el control operativo y las líneas de producción de Fabricaciones Militares (FM) por los próximos 35 años. El mecanismo elegido es un “Concurso Público Nacional e Internacional”, un expediente que busca asociar al Estado con empresas privadas a través de la creación de Uniones Transitorias (UT). Como Fabricaciones Militares quedó fuera de la lista de empresas privatizables de la Ley Bases que aprobó el Congreso, el diseño de los contratos utiliza la figura asociativa de la Unión Transitoria para que el Estado retenga la titularidad formal de los galpones y la tierra. De esa manera, el oficialismo esquiva tener que pedir permiso al Congreso, bajo el argumento técnico de que no se produce una transferencia de acciones ni una venta directa de la firma. Se trata de una asociación “transitoria”. Pero esa ingeniería legal que armó el Poder Ejecutivo disparó un conflicto político. El Concurso Público "CPU-2026-SC-001" tiene como objeto la "selección de uno o más socios estratégicos privados nacionales y/o extranjeros para la consitución de Unión/es Transitoria/s con Fabricaciones Militares" La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), planteó su rechazo a la iniciativa del gobierno de Javier Milei mediante un informe técnico en el que denunció que el pliego es un atajo jurídico que esconde una privatización “de hecho” en el funcionamiento diario de las plantas.